El mercado de carbono en México podría duplicar su tamaño hacia 2030, al pasar de aproximadamente 2.5 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente a cerca de 5 millones, impulsado por una mayor demanda local e internacional. Para las empresas mexicanas, esto significa un nuevo frente de costos, pero también de oportunidades de financiamiento y competitividad.
El crecimiento, sin embargo, dependerá de que el país establezca sus impuestos estatales, desarrolle plenamente su Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) y abra nuevas vías para que los proyectos mexicanos vendan reducciones en mercados internacionales, de acuerdo con Eduardo Piqueiro, director de la plataforma MÉXICO2.
Proyecciones de emisión de créditos 2026
Piqueiro advierte que el mercado todavía está en desarrollo, pero muestra una trayectoria ascendente. La emisión de créditos pasó de aproximadamente 1.5 millones de toneladas anuales a 2.5 millones el año pasado y podría alcanzar alrededor de 3.5 millones al cierre del 2026.
Sin embargo, se observa una baja en los precios. Después de ubicarse entre 14 y 16 dólares por tonelada el año pasado, los créditos mexicanos se negocian actualmente alrededor de 13 a 15 dólares, ante una mayor oferta y una demanda relativamente estable. El director de MÉXICO2 anticipa que el precio oscilará alrededor de 15 dólares en los próximos años y posteriormente alcanzará niveles cercanos a 20 dólares.
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Tres segmentos del mercado mexicano de carbono
México no tiene un solo mercado de carbono. Eduardo Piqueiro identifica tres segmentos claramente diferenciados que las empresas deben comprender:
- Mercado voluntario: Corresponde a empresas, principalmente estadounidenses, que voluntariamente compran créditos generados por proyectos mexicanos.
- Mercado fiscal: Hoy el más relevante, está vinculado al pago de impuestos ambientales estatales.
- Mercado internacional: Permitiría vender reducciones directamente a otros países bajo los mecanismos del Acuerdo de París, infraestructura que México todavía necesita desarrollar.
“Para una compañía con plantas en distintas entidades, esta dispersión incrementa la complejidad regulatoria y dificulta incorporar un precio homogéneo del carbono en sus decisiones financieras.”
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Obstáculos en la regulación estatal
Uno de los principales obstáculos está en la regulación estatal. Piqueiro señala que existen 14 estados con impuestos al carbono, pero solo Querétaro y Colima permiten actualmente utilizar créditos para cubrir esas obligaciones fiscales. Además, los impuestos difieren en precio, periodicidad y emisiones gravadas.
Las diferencias pueden ser amplias y complicar la planificación financiera corporativa:
- Guanajuato: cobra alrededor de 45 pesos por tonelada emitida
- Tamaulipas: aproximadamente 300 pesos por tonelada
- Querétaro: cerca de 600 pesos por tonelada
Piqueiro considera que armonizar gradualmente estos mecanismos será indispensable para dar mayor certidumbre a empresas e inversionistas. A ello se suma el SCE federal, previsto en la Ley General de Cambio Climático y que continúa en fase piloto.
Impacto en decisiones corporativas
La evolución regulatoria comienza a modificar las decisiones corporativas en México. El director de MÉXICO2 considera que el precio de las emisiones debe analizarse como un riesgo de transición, porque cada vez más países y gobiernos subnacionales establecen impuestos, sistemas de comercio u otros mecanismos para cobrar por emitir gases de efecto invernadero (GEI).
Para las empresas mexicanas exportadoras, el cambio ya está llegando a través de sus clientes. Compañías de Estados Unidos solicitan información sobre la huella de carbono de sus proveedores mexicanos, lo que convierte la descarbonización en un factor de competitividad comercial.
El reto será construir un mecanismo nacional capaz de convivir con los impuestos locales y generar señales de precio suficientemente claras para incentivar reducciones reales de emisiones.
Qué sigue para las empresas
Para los directivos de empresas con operaciones en múltiples estados mexicanos, el escenario actual exige mapear la exposición fiscal por entidad y evaluar si los créditos de carbono pueden optimizar el cumplimiento tributario. Las compañías que anticipen la homologación regulatoria y posicionen proyectos de reducción de emisiones tendrán ventaja competitiva tanto en el mercado doméstico como frente a clientes internacionales que exigen cadenas de suministro descarbonizadas.
