En México los conflictos laborales vuelven a trasladarse a las avenidas, con miles de ciudadanos atrapados en disputas que no les corresponden. Entiendo que la protesta forma parte de la vida democrática y permite exigir respuestas ante los abusos o la falta de atención de las autoridades, pero si existe un elemento que merece una crítica severa es que las instituciones lleguen a tal punto de ineficacia que sus propios trabajadores deban recurrir al bloqueo de calles para conseguir que sus demandas sean atendidas.
El caso de los médicos, enfermeras y personal del IMSS obliga a examinar esa forma de gobernar, en la que los problemas administrativos terminan por convertirse en una carga para toda la población.
El personal del Instituto Mexicano del Seguro Social exige “mejores condiciones laborales, un aumento salarial y el abastecimiento de medicamentos”. La izquierda mexicana ha defendido durante años el derecho a la salud y la protección de los sectores más vulnerables, pero esa promesa pierde credibilidad ante un sistema donde sus propios empleados reclaman mejores condiciones. La salud pública requiere mucho más que proclamas ideológicas, porque detrás de cada carencia hay pacientes que esperan atención y trabajadores que necesitan recursos para cumplir con sus funciones.
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La responsabilidad de las autoridades tampoco termina con el reconocimiento del derecho a protestar. Gobernar exige resolver conflictos, atender reclamaciones y evitar que las diferencias entre una institución y su personal acaben por paralizar la vida cotidiana. Resulta inaceptable que el ciudadano, que cumple con sus obligaciones y sostiene los servicios públicos con sus impuestos, tenga que absorber las consecuencias de una administración incapaz de resolver sus disputas.
La discusión también tiene una dimensión política que el resto de América Latina ha entendido. En distintos países, la derecha ha recuperado el poder o ha ganado terreno entre los electores. Brasil figura entre los últimos casos y las encuestas reflejan el interés de los ciudadanos por buscar alternativas a las administraciones de izquierda. Cada país tiene sus particularidades, pero el mensaje para los partidos gobernantes es evidente, la afinidad ideológica no garantiza el respaldo permanente de los votantes. 
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México tendrá que valorar qué espera de sus representantes y qué resultados está dispuesto a exigirles. El cambio de partido tampoco garantiza por sí mismo una mejor gestión, pero ningún Gobierno debería asumir que conservará el apoyo popular por presentarse como defensor de las causas sociales.
Los trabajadores del IMSS merecen respuestas, los pacientes necesitan medicamentos y los ciudadanos tenemos derecho a transitar sin que los conflictos sin resolver alteren nuestra vida. La incapacidad administrativa tiene un coste y lo pagan quienes menos responsabilidad tienen en ella. La 4T tendrá que responder ante los mexicanos que hoy soportan las consecuencias de sus fallas.
