Fitch Ratings y HR Ratings advirtieron que el Presupuesto 2027 de México presenta riesgos para la calificación soberana del país, pese a incluir supuestos económicos más realistas. La consolidación fiscal propuesta es insuficiente para estabilizar la deuda pública, que alcanzará 58% del PIB en 2026, mientras que Pemex representa una presión adicional que podría complicar el ajuste fiscal necesario para evitar una degradación crediticia.
Consolidación fiscal insuficiente para estabilizar deuda
Fitch Ratings, que mantiene a México a un escalón del grado especulativo (BBB-), señaló que aunque el paquete económico presenta cambios favorables, el ajuste previsto es moderado y deja dudas sobre el margen de maniobra del Gobierno de México para contener el endeudamiento en los próximos años.
“La consolidación planificada es relativamente modesta, y se necesitará un mayor esfuerzo en los años siguientes para estabilizar la deuda.”
La calificadora considera positivo que el gobierno recurra a medidas para incrementar los ingresos tributarios en lugar de depender exclusivamente de recortes al gasto. Sin embargo, Fitch estima que las reducciones adicionales enfrentan un límite práctico, dado que el gasto operativo aumentó en 2026 y los recortes en inversión pública han reflejado dificultades de ejecución presupuestal.
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Proyecciones de deuda superan metas oficiales
Para que la deuda pública se estabilice, Fitch estima que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) tendrían que ubicarse alrededor de 2.5% del PIB, cerca de 1.5 puntos porcentuales por debajo del objetivo de 3.9% planteado para 2027. Esta brecha representa un desafío significativo para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La agencia proyecta que la deuda pública federal alcanzará 58% del PIB en 2026, mientras que la deuda del gobierno general llegará a 57.3%. Estos niveles superan las expectativas oficiales y representan una trayectoria ascendente que preocupa a los inversionistas institucionales y a los mercados financieros internacionales.
Por su parte, HR Ratings identificó una brecha entre las metas oficiales y la evolución observada de las finanzas públicas, proyectando un nivel de deuda superior al contemplado por Hacienda. Esta divergencia entre las estimaciones oficiales y las de las calificadoras genera incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal de mediano plazo.
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Pemex suma presión al escenario fiscal
Petróleos Mexicanos (Pemex) representa un riesgo adicional para las finanzas públicas, según advierte Fitch. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla que la petrolera estatal registre un superávit antes de recibir una inyección de liquidez del gobierno por 81,000 millones de pesos, equivalente a cerca de 0.3% del PIB.
Sin embargo, la calificadora señala que este escenario enfrenta riesgos operativos considerables. La caída en la producción de refinación durante 2026 y las consecuentes importaciones de combustibles a mayores costos demuestran que la recuperación operativa de la empresa continúa siendo un desafío pendiente. Esta situación podría requerir apoyos fiscales adicionales que comprometerían la consolidación presupuestal.
Una mayor presión sobre Pemex podría complicar los esfuerzos para estabilizar la deuda pública y avanzar en la consolidación fiscal que demandan las calificadoras internacionales. El historial de la petrolera en materia de reducción de deuda contrasta con las expectativas de autosuficiencia financiera planteadas en el presupuesto.
Recaudación tributaria: el talón de Aquiles
HR Ratings identificó la recaudación tributaria como uno de los principales focos de riesgo del Presupuesto 2027. A julio de 2026, los ingresos tributarios crecieron apenas 3.9% anual, muy por debajo de las proyecciones oficiales.
Para alcanzar la meta de 15.4% del PIB en 2026, sería necesario que la recaudación de los últimos cuatro meses aumentara 12% respecto al mismo periodo de 2025. Para 2027, la meta de 15.9% del PIB implicaría un crecimiento nominal de 9.3%, una tasa ambiciosa considerando el dinamismo económico moderado.
Esta brecha entre las metas recaudatorias y los resultados observados representa un riesgo para las empresas mexicanas, que podrían enfrentar mayores presiones fiscales si el gobierno busca cerrar la diferencia mediante reformas tributarias o mayor fiscalización. Los directivos que anticipen estos escenarios tendrán mayor capacidad de planificación financiera ante posibles ajustes en la política fiscal de los próximos años.