México encabezó la lista global de países más demandados por empresas extranjeras durante 2025, acumulando cinco nuevos casos ante tribunales internacionales de arbitraje, cifra que lo empata con Ucrania y Rusia, de acuerdo con el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD). El dato representa una señal de alerta para los directivos que operan en sectores regulados, particularmente energía y minerales críticos, donde se concentra la mayor conflictividad inversionista-Estado.
El organismo internacional detalló que durante 2025 se registraron disputas contra 37 países en total, pero México destacó como el más frecuentemente mencionado junto a las naciones en conflicto bélico. Esta posición refleja las tensiones acumuladas por cambios regulatorios en sectores estratégicos que afectan directamente las operaciones de multinacionales con inversiones en territorio mexicano.
Sectores en disputa: energía y minerales críticos
La UNCTAD precisó que las controversias entre inversionistas y el Estado mexicano se concentran principalmente en dos áreas: el sector energético y la extracción de minerales críticos. Estos segmentos han experimentado modificaciones regulatorias significativas en los últimos años, desde reformas constitucionales hasta cambios en permisos y concesiones que alteran las condiciones originales de inversión.
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Impacto en la inversión extranjera directa
El incremento de litigios internacionales ocurre en un contexto donde México busca capitalizar el fenómeno del nearshoring para atraer inversión extranjera directa. Estimaciones del sector financiero proyectaban que el país podría recibir hasta 48,000 millones de dólares en IED para 2026, impulsado por la relocalización de cadenas de suministro globales. 
“Las disputas de inversionistas contra el Estado se concentran en minerales críticos y el sector energético, reflejando las tensiones por cambios regulatorios en industrias estratégicas.”
Sin embargo, la acumulación de demandas internacionales genera incertidumbre jurídica que puede influir en las decisiones de directivos corporativos al evaluar proyectos de expansión en México. Los arbitrajes suelen derivar en indemnizaciones millonarias cuando los tribunales fallan contra el Estado, afectando las finanzas públicas y la percepción de riesgo país.
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Contexto global de las disputas
El hecho de que México comparta el primer lugar con Ucrania y Rusia resulta particularmente significativo. Mientras las naciones europeas enfrentan litigios derivados del conflicto bélico que ha destruido activos empresariales, México acumula casos relacionados con decisiones de política económica soberana que afectan contratos e inversiones previas.
Los 37 países demandados en 2025 abarcan economías de todos los continentes, pero la concentración de casos en México supera a potencias emergentes como Brasil, India o Indonesia, que también han implementado reformas en sectores estratégicos sin alcanzar el mismo nivel de conflictividad legal internacional.
Implicaciones para el sector empresarial
Para las empresas multinacionales con operaciones en México, el escenario plantea la necesidad de revisar sus estrategias de gestión de riesgos legales. Los sectores de energía renovable, hidrocarburos y minería enfrentan el mayor nivel de exposición a cambios regulatorios que podrían derivar en disputas ante tribunales como el CIADI del Banco Mundial.
Los directivos de empresas que operan bajo tratados de protección de inversiones, incluido el T-MEC, deberán evaluar si las condiciones actuales justifican recurrir a mecanismos de arbitraje o si resulta más estratégico negociar directamente con autoridades mexicanas. Las demandas internacionales típicamente se resuelven en períodos de tres a cinco años, con costos legales que superan los 10 millones de dólares por caso.
Perspectiva para inversionistas
El Gobierno de México ha defendido su derecho soberano a modificar marcos regulatorios en función del interés público, argumentando que las reformas energéticas buscan fortalecer la seguridad nacional. No obstante, esta postura genera fricción con inversionistas que adquirieron activos bajo reglas diferentes.
Para los ejecutivos que evalúan nuevos proyectos de inversión en México, la señal es clara: los sectores de energía y recursos naturales conllevan un perfil de riesgo regulatorio elevado que debe incorporarse en los análisis de factibilidad. Las empresas que anticipen esta variable en sus modelos financieros tendrán ventaja competitiva frente a quienes ignoren el precedente de las cinco demandas acumuladas en 2025.
