A veces, las grandes ideas económicas se entienden mejor cuando se observan desde lo cotidiano. El Estado de Derecho, por ejemplo, suele explicarse desde las leyes, los tribunales, las instituciones o los indicadores internacionales. Pero también puede entenderse desde una escena mucho más cercana: una familia que abre su negocio todos los días y confía en que podrá trabajar, vender, contratar, invertir y construir patrimonio sin que la incertidumbre le cierre el paso.
Esa confianza no aparece por casualidad. Se construye con reglas claras, seguridad, trámites simples, autoridades confiables y una cultura cívica que entienda que la legalidad no es una carga, sino una forma de convivencia.
Por eso, hablar del Estado de Derecho no es hablar de un tema lejano a la vida productiva. Es hablar de la base que permite que una tienda, una fonda, una papelería, un taller, una agencia de viajes, un restaurante o un hotel familiar puedan tomar decisiones y heredar a la siguiente generación algo más que deudas o preocupaciones. 
Daron Acemoglu y James A. Robinson, en Por qué fracasan los países, explican esta idea con un ejemplo muy claro: Nogales, en Arizona, y Nogales, en Sonora. Dos ciudades vecinas, con geografía, clima, familias, cultura e historia compartida, pero con resultados económicos distintos. La diferencia central no está en la voluntad de la gente ni en su capacidad de trabajo, sino en la calidad de sus instituciones.
De un lado de la frontera, las reglas ofrecen mayor certeza jurídica, mejor protección de la propiedad, mayor cumplimiento de la ley y más confianza en la autoridad. Del otro, las debilidades institucionales, la informalidad, la inseguridad, la corrupción y la discrecionalidad reducen la capacidad de transformar el esfuerzo en inversión, empleo y patrimonio.
Nogales nos recuerda que el desarrollo no depende solo de trabajar mucho. Depende de contar con instituciones que permitan que ese trabajo rinda frutos.
Pero también nos obliga a mirar algo más profundo: la cultura de la legalidad. Muchos mexicanos cruzan la línea fronteriza y cambian de inmediato su comportamiento. Manejan distinto, respetan señales, no tiran basura, pagan lo que corresponde, cumplen horarios y entienden que una infracción tiene consecuencia. No cambiaron de valores al cruzar la frontera; cambió el entorno institucional, cambió la expectativa de cumplimiento y cambió la certeza de que la regla se aplica.
Esa reflexión es importante porque nos impide poner toda la responsabilidad en el gobierno. Sí, el Estado tiene la obligación de garantizar seguridad, justicia, reglas claras y trámites simples. Pero el sector privado y la ciudadanía también tienen una responsabilidad: participar, cumplir, denunciar, no normalizar la corrupción, no alimentar la informalidad abusiva, no pedir excepciones indebidas y no convertir la trampa en ventaja competitiva.
El Estado de Derecho no se impone solo desde arriba. También se practica desde abajo.
Douglass North, Premio Nobel de Economía, decía que las instituciones son “las reglas del juego”. Para el changarro, esas reglas determinan si conviene invertir, contratar, formalizarse y crecer; o si conviene esconderse, reducirse o cerrar.
Cuando las reglas son claras, el negocio familiar planea. Cuando las reglas se cumplen, el comerciante invierte. Cuando la autoridad protege, la familia hereda. Pero cuando las reglas son confusas, discrecionales o capturadas por intereses, el esfuerzo se vuelve resistencia.
Acemoglu y Robinson distinguen entre instituciones inclusivas e instituciones extractivas. Las primeras protegen la propiedad, abren oportunidades, permiten competir y premian el trabajo. Las segundas concentran privilegios, generan miedo, castigan al que cumple y permiten que unos pocos capturen la riqueza de muchos.
Una institución inclusiva le facilita al negocio entrar a la formalidad, acceder a financiamiento, contratar trabajadores, proteger su patrimonio y competir con reglas parejas. Una institución extractiva le cobra por existir: con trámites duplicados, permisos condicionados, inspecciones arbitrarias, corrupción, extorsión o impunidad.
Pero una sociedad también puede actuar de manera inclusiva o extractiva. Cuando un ciudadano denuncia, cumple, respeta y participa, ayuda a construir instituciones más fuertes. Cuando un empresario evade, soborna, falsifica, abusa o utiliza la informalidad para competir deslealmente, reproduce prácticas que debilitan al país. Cuando una autoridad pide mordida, rompe el Estado de Derecho; pero cuando un ciudadano la ofrece para saltarse la fila, también lo lastima.
La cultura de la legalidad es una responsabilidad compartida. México no necesita que sus negocios familiares trabajen más. Ya trabajan todos los días. Lo que necesita son instituciones que no los castiguen por cumplir y una cultura cívica que deje de premiar al que se salta la regla.
Los datos muestran la dimensión del reto. En México existen alrededor de 6.1 millones de empresas mipymes, que representan el 99.8% del total de unidades económicas del país. Solo el 0.8% son grandes empresas. Las mipymes generan el 70.7% del empleo formal y participan con el 52% del PIB. Además, entre el 85% y el 90% de las empresas mexicanas son de índole familiar y generan más del 70% de los empleos.
Es decir: cuando hablamos del changarro, no hablamos de algo marginal. Hablamos de la economía real de México. Esa economía real enfrenta tres obstáculos principales: inseguridad, sobrerregulación e informalidad estructural. La inseguridad amenaza. La sobrerregulación asfixia. La informalidad aparece muchas veces no como una decisión voluntaria, sino como la consecuencia de un sistema que vuelve difícil, costoso y riesgoso cumplir.
La extorsión es una de las expresiones más claras de instituciones débiles. Cuando un comerciante paga derecho de piso, no solo pierde dinero: pierde libertad. Cuando un restaurante cierra temprano por amenazas, no solo pierde ventas: pierde empleo. Cuando una familia decide no invertir porque teme perderlo todo, pierde el país.
El costo del delito para el sector empresarial fue de 124.3 mil millones de pesos en 2023. Detrás de esa cifra hay cámaras, alarmas, rejas, vigilancia, mercancía perdida, inversiones detenidas y familias obligadas a vivir con incertidumbre. La extorsión dejó de ser solo un problema de seguridad pública: se convirtió en un impuesto criminal contra la economía familiar.
Por eso debe reconocerse el trabajo que ya se está realizando con el Gobierno federal y con el equipo de la Dra. Claudia Sheinbaum. La estrategia nacional contra la extorsión, el impulso a una legislación general, el fortalecimiento del 089 como vía de denuncia y la visión de que el Estado asuma mayor responsabilidad para proteger a víctimas, testigos y ofendidos son pasos importantes. No resuelven por sí solos el problema, pero abren una ruta institucional que debe acompañarse desde el territorio.
También debe reconocerse la agenda para eliminar trámites burocráticos y simplificar la relación entre autoridad, ciudadanía y empresas. En un país donde la sobrerregulación ha sido una barrera para formalizar, invertir y crecer, el impulso del Gobierno federal a la simplificación administrativa, la homologación de trámites, la digitalización y las buenas prácticas regulatorias representa una oportunidad histórica para cambiar la relación entre autoridad y negocios familiares.
Aquí es importante distinguir las ventanillas. La ventanilla única de inversiones atiende proyectos productivos y de mayor escala. La ventanilla de comercio exterior facilita operaciones vinculadas con importación, exportación y cadenas globales. Pero la ventanilla que más puede beneficiar directamente al changarro, a la fonda, a la papelería, al restaurante, al taller, al comercio de barrio y al negocio familiar es la ventanilla de establecimientos mercantiles.
Ahí se juega la vida diaria de millones de negocios. Ahí se tramitan o destraban licencias de funcionamiento, uso de suelo, permisos, avisos, autorizaciones, protección civil, anuncios, giros comerciales y requisitos que determinan si un negocio puede abrir, operar, crecer o quedarse atrapado.
Por eso, la simplificación no debe quedarse solo en los grandes proyectos de inversión. Tiene que llegar al establecimiento mercantil de barrio. Tiene que sentirse en el local que quiere abrir, en el negocio que busca regularizarse, en la familia que quiere cumplir y en el comerciante que necesita certeza para invertir.
Desde la CONCANACO SERVYTUR, el trabajo con el equipo de la Dra. Claudia Sheinbaum debe asumirse desde una visión constructiva y corresponsable. Hay coincidencias importantes: combatir la extorsión, reducir trámites, simplificar la vida de las empresas familiares, impulsar la digitalización, facilitar la inversión, fortalecer el comercio exterior donde corresponda, promover la formalidad, mejorar el acceso al financiamiento y generar condiciones para que los pequeños negocios puedan crecer.
La Ruta Nacional del Pacto por la Prosperidad, la Justicia Económica y la Seguridad no compite con esos esfuerzos; los complementa desde el territorio. La ley abre el marco nacional. La ruta debe ayudar a que ese marco se sienta en el municipio, en la cámara local, en la ventanilla de establecimientos mercantiles, en el permiso, en la denuncia, en el crédito y en la cortina que se levanta todos los días.
En ese sentido, el Observatorio Antiextorsión de la CONCANACO SERVYTUR debe entenderse como una herramienta de Estado de Derecho. No solo sirve para contar delitos. Sirve para construir inteligencia territorial, visibilizar lo que muchas veces se calla, fortalecer la denuncia, acompañar a las víctimas y exigir coordinación real entre los tres niveles de gobierno.
Pero la ruta no puede entenderse como tarea de un solo actor. No es solo responsabilidad del Gobierno, ni solo de los empresarios, ni solo de las cámaras, ni solo de la ciudadanía. Es una ruta de compromisos mutuos.
El Estado debe garantizar atención inmediata ante denuncias de extorsión; acompañamiento y protección integral a las víctimas; prevención con capacitación; territorialización de acciones en colonias, comercios y zonas de riesgo; investigación y procuración de justicia con resultados; coordinación entre los tres órdenes de gobierno; espacios seguros; diálogo con sectores sociales; cero tolerancia a la corrupción y a la extorsión institucional; e innovación tecnológica para robustecer la seguridad.
También debe avanzar en simplificación real: homologar requisitos, eliminar trámites innecesarios, reducir tiempos de respuesta, digitalizar procesos, transparentar inspecciones y evitar que el cumplimiento se convierta en una carga desproporcionada para quien apenas está creciendo.
Pero el sector empresarial también tiene que participar. No basta con exigir. Hay que organizarse, denunciar, comunicar, acompañar, compartir información útil, promover redes de apoyo, mantener interlocución con la autoridad, reconocer avances cuando existan y señalar fallas cuando persistan.
La denuncia no puede verse como una traición, sino como defensa de la comunidad. La formalidad no puede verse como ingenuidad, sino como una apuesta por crecer. El cumplimiento no puede verse como desventaja, sino como la base para competir con piso parejo. La corrupción no puede verse como atajo, porque cada atajo termina debilitando el camino de todos.
La prosperidad no se construye desde la comodidad de la queja. Se construye participando.
También hay que decirlo: el miedo no viene solamente del crimen. Puede venir de la autoridad cuando la regulación se convierte en laberinto.
En México, abrir y operar una empresa puede requerir entre 9 y 30 trámites principales, además de gastos notariales, registros fiscales, licencias municipales, permisos específicos, registros patronales y autorizaciones según el giro. Para una gran empresa, eso puede ser un proceso administrativo. Para un negocio familiar, puede ser la diferencia entre abrir o rendirse.
La sobrerregulación administrativa no es una molestia menor. Su costo total, considerando efectos directos e indirectos, puede representar entre 1.5% y 2.5% del PIB. Eso significa cientos de miles de millones de pesos que podrían convertirse en empleo, inversión, formalidad y crecimiento, pero se pierden en duplicidades, tiempos muertos, costos ocultos y requisitos innecesarios.
Aquí aparece con fuerza Hernando de Soto. Su tesis sobre la informalidad ayuda a explicar que muchas personas no están fuera de la formalidad porque rechacen la ley, sino porque la puerta de entrada es demasiado cara, lenta, compleja o incierta. Cuando el sistema legal no permite convertir el esfuerzo en propiedad, crédito, patrimonio y crecimiento, la informalidad se vuelve refugio.
Ese es uno de los grandes desafíos de México: construir una formalidad que no castigue.
De las 6.1 millones de mipymes, solo el 33% son formales y el 67% son informales. Es decir, más de 4 millones de mipymes operan fuera de la formalidad. No se resolverá con amenazas. Se resolverá con confianza, simplificación, acompañamiento, incentivos y reglas claras.
La gente no se formaliza cuando tiene miedo. Se formaliza cuando ve futuro.
Pero la informalidad tampoco debe romantizarse. Puede ser refugio para quien no tuvo oportunidad, pero también puede convertirse en abuso cuando se usa para evadir responsabilidades, competir deslealmente o cargarle el costo a quienes sí cumplen. La cultura de legalidad exige distinguir entre quien necesita una puerta de entrada y quien utiliza la falta de reglas como ventaja.
Por eso la Ruta Nacional del Pacto por la Prosperidad, la Justicia Económica y la Seguridad tiene un sentido profundamente institucional. No se trata de un programa más. Se trata de llevar el Estado de Derecho al municipio, al territorio, a la ventanilla y al negocio familiar.
El programa parte de una idea sencilla pero poderosa: cumplir puede ser más fácil, rápido y accesible. Simplificar trámites no significa dejar de cumplir; significa reducir duplicidades, ahorrar tiempo y eliminar costos ocultos.
La ruta plantea seis ejes que forman una agenda moderna de Estado de Derecho para la economía familiar.
El primer eje es la formalidad con sentido. No basta con pedirle a un negocio que se formalice si el sistema no le ofrece una ruta clara para hacerlo. Formalidad con sentido significa trámites más simples, reglas más claras y una ventanilla útil para que los negocios familiares puedan operar con menos fricción. Aquí, la agenda de eliminación de trámites burocráticos puede ser determinante si se traduce en simplificación municipal y estatal, no solo federal.
El segundo eje es un régimen simple para crecer. México necesita un esquema fiscal más claro, conveniente y justo para que formalizarse no se vuelva castigo. La formalidad debe ser una escalera, no una pared. En este punto, la coordinación con el Gobierno federal puede ayudar a construir rutas de cumplimiento más accesibles para micro y pequeños negocios.
El tercer eje es la digitalización útil. Digitalizar no es subir trámites complicados a una plataforma complicada. Digitalizar es simplificar primero y después usar la tecnología para ahorrar tiempo, reducir corrupción, eliminar intermediarios y dar trazabilidad. La ventanilla única de inversiones, la ventanilla de comercio exterior y, especialmente para los negocios familiares, la ventanilla de establecimientos mercantiles, pueden ser aliadas si se conectan con la realidad del changarro. Para una mipyme, digitalizar debe significar menos vueltas, menos discrecionalidad, menos requisitos repetidos y más certeza para abrir, operar y crecer.
El cuarto eje es la seguridad social viable. Formalizar el empleo es indispensable, pero debe hacerse con mecanismos asequibles. La justicia laboral debe proteger al trabajador sin ahogar al negocio que genera empleo. Aquí se requiere diálogo permanente con las instituciones federales para encontrar esquemas graduales, viables y compatibles con la realidad de las mipymes.
El quinto eje es el financiamiento real. Sin crédito accesible, muchos negocios familiares no crecen: apenas resisten. Financiamiento real significa crédito con reglas claras, montos viables, mejores condiciones y acompañamiento para invertir, administrar y crecer. Este eje se conecta con la agenda nacional de inversión, desarrollo regional, digitalización y fortalecimiento productivo.
El sexto eje es la seguridad y protección del patrimonio. El patrimonio de un negocio familiar no es solo dinero: es años de trabajo, esfuerzo, herencia, reputación, herramientas, mercancía, local, clientela y futuro. Protegerlo implica enfrentar la extorsión, reducir la vulnerabilidad, mejorar la denuncia, coordinar autoridades y construir entornos seguros para invertir.
Estos seis ejes responden a una misma pregunta: ¿cómo convertir el esfuerzo familiar en prosperidad nacional?
La respuesta no está en pedirle más sacrificios al negocio familiar. Está en cambiar las reglas del juego para que el que trabaja pueda crecer. Y también está en cambiar la cultura de cumplimiento para que el que hace las cosas bien no se sienta solo, ingenuo o en desventaja.
Por eso la ruta plantea una implementación municipal concreta: firma o adhesión al pacto, mesa local de trabajo entre municipio, cámara local y sector productivo, diagnóstico territorial sobre extorsión, trámites críticos y necesidades de financiamiento, ruta de acción en seguridad, simplificación y apoyo económico, y seguimiento con indicadores públicos.
Esa metodología refleja los compromisos mutuos. El municipio no solo firma: debe instalar mesas, atender denuncias, simplificar trámites y dar resultados. La cámara local no solo acompaña: debe llevar información, organizar a los negocios, promover la denuncia y vigilar el seguimiento. El sector productivo no solo participa: debe proponer, reportar, formalizarse, adoptar herramientas digitales, buscar financiamiento y sumarse a la construcción de espacios seguros. El ciudadano no solo observa: también respeta, denuncia, participa y deja de normalizar la trampa cotidiana.
El pacto no es una foto. Es una ruta de trabajo. El Estado de Derecho no se construye solo con discursos. Se construye con compromisos medibles. ¿Cuántos negocios fueron atendidos? ¿Qué trámites se simplificaron? ¿Cuántas denuncias se canalizaron? ¿Qué permisos redujeron tiempos? ¿Cuántos negocios accedieron a financiamiento? ¿Cuántos pudieron formalizarse? ¿Cuántos dejaron de vivir con miedo?
Lo que no se mide se vuelve promesa. Lo que se mide puede corregirse. La ruta identifica ocho trámites prioritarios que concentran el impacto en la operación diaria de los negocios: uso de suelo, licencia de funcionamiento, permisos de publicidad, protección civil, instalación de anuncios publicitarios, licencias de venta de alcohol, catastro y licencias sanitarias.
No son asuntos menores. Son puntos donde se define si la autoridad acompaña o bloquea. Cada trámite duplicado es tiempo perdido. Cada requisito innecesario es una invitación a la informalidad. Cada permiso condicionado es una grieta en el Estado de Derecho. Cada inspección arbitraria es una forma de institución extractiva.
Menos trámites repetidos significan más tiempo para vender, invertir y generar empleo. Por eso esta agenda debe ir de Tijuana a todo México. La ruta contempla su expansión a 31 municipios prioritarios: Tijuana, Iztapalapa, León, Puebla, Ecatepec, Chihuahua, Zapopan, Monterrey, Querétaro, Culiacán, Mérida, Aguascalientes, Hermosillo, San Luis Potosí, Benito Juárez, Saltillo, Morelia, Acapulco, Reynosa, Durango, Centro, Veracruz, Tuxtla Gutiérrez, Tepic, Cuernavaca, Los Cabos, Pachuca, Campeche, Oaxaca, Fresnillo, Manzanillo y Tlaxcala.
La prosperidad nacional también se construye desde el municipio. Ahí se vive la extorsión. Ahí se padece la ventanilla. Ahí se consigue o se niega la licencia. Ahí se paga nómina. Ahí se contrata. Ahí se abre la cortina. Ahí se decide si una familia crece o se rinde.
La ruta solo funcionará si todos entienden que la prosperidad local se defiende en conjunto.
El changarro no pide privilegios. Pide reglas claras. Pide piso parejo. Pide seguridad. Pide trámites simples. Pide crédito. Pide poder asegurar a sus trabajadores sin quebrar. Pide que su patrimonio no dependa del miedo, de la corrupción ni de la discrecionalidad.
Pero también pide una comunidad que no normalice la extorsión, que no celebre la trampa, que no premie al abusivo, que no deje solo al que denuncia y que no castigue socialmente al que cumple.
Cuando un negocio familiar puede abrir a las ocho de la mañana sin miedo, México funciona. Cuando puede cumplir sin trabas, México se formaliza. Cuando puede acceder a crédito, México invierte. Cuando puede proteger su patrimonio, México construye futuro. Cuando puede crecer con oportunidades, México prospera.
El verdadero Estado de Derecho es el que se siente en la calle, en la ventanilla, en la caja registradora, en la nómina, en la denuncia atendida, en el trámite que no se condiciona, en el ciudadano que respeta la regla y en la cortina que se levanta sin miedo.
Ese es el Estado de Derecho que necesita México.
Ese es el Estado de Derecho que necesita el changarro.
¡Consulta todo nuestro contenido y sigue a Mundo Ejecutivo CDMX en Google News!
