Quejarse es sencillo. No requiere preparación, no exige compromiso y tampoco obliga a asumir consecuencias. Basta con señalar lo que está mal para encontrar eco entre quienes comparten el mismo descontento. Construir, en cambio, es mucho más difícil. Exige estudiar, dialogar, proponer, asumir riesgos y, sobre todo, hacerse responsable de los resultados.
Robert Hughes advertía que una sociedad puede caer en la cultura de la queja: un espacio donde el agravio permanente sustituye al esfuerzo y donde la crítica termina siendo un fin en sí mismo. José Ortega y Gasset, desde otra perspectiva, observó un fenómeno parecido: una sociedad que exige cada vez más derechos, pero que con frecuencia olvida que toda convivencia también descansa sobre deberes y responsabilidades.
Ambos entendieron algo fundamental: ninguna comunidad prospera cuando todos esperan que alguien más resuelva los problemas.
México enfrenta enormes desafíos. La inseguridad, la extorsión, la informalidad, el exceso de regulación afectan todos los días a millones de negocios familiares. Frente a ello existen dos caminos. 
El primero consiste en instalarse en la queja permanente. Criticar, señalar culpables, esperar que otros actúen y convencerse de que el cambio siempre depende del Gobierno, de los empresarios o de alguien distinto a nosotros. Es un camino cómodo porque no compromete.
El segundo exige asumir una responsabilidad compartida. Esa es la esencia del Pacto por la Prosperidad, la Justicia Económica y la Seguridad impulsado por la CONCANACO SERVYTUR. Un pacto significa reconocer que ningún gobierno puede resolver solo los problemas del país; pero también que ningún empresario, ninguna universidad, ninguna cámara empresarial y ninguna sociedad pueden hacerlo por separado.
Los pactos no son documentos para firmarse y guardarse en un cajón. Son acuerdos para actuar.
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Siempre hablamos de los derechos del empresario, del dueño o dueña de negocios familiares, pero también debemos hablar de nuestras responsabilidades. El Gobierno tiene el deber de garantizar la seguridad y el Estado de Derecho. Los empresarios, dueñas y dueños de negocios debemos denunciar, cumplir la ley y promover la formalidad. Las cámaras empresariales debemos organizar, acompañar y construir propuestas. Las universidades, formar ciudadanos comprometidos. Los municipios, simplificar trámites. La sociedad, rechazar la normalización de la ilegalidad.
La seguridad no la construye un Gobierno. La construimos todos.
La prosperidad tampoco se decreta. Se genera cuando existe confianza para invertir, abrir un negocio, contratar trabajadores y mirar el futuro con optimismo. Por eso la justicia económica significa algo muy concreto: que quien trabaja honestamente pueda prosperar sin que el crimen ni la burocracia le arrebaten el fruto de su esfuerzo. No es aceptable que un comerciante pague impuestos al Estado y, además, tenga que pagar un impuesto al crimen para poder trabajar.
La extorsión no solo lastima a una empresa; rompe la confianza, inhibe la inversión y afecta el empleo de millones de familias. Combatirla no consiste únicamente en exigir castigos. Significa construir soluciones: fortalecer la denuncia anónima, impulsar observatorios ciudadanos, coordinar instituciones, armonizar leyes, simplificar regulaciones y fortalecer a los negocios familiares.
Ese ha sido el camino. No instalarse en la queja, sino sentarse en las mesas donde se construyen soluciones. No limitarse a denunciar, sino presentar propuestas. No vivir del conflicto, sino impulsar acuerdos que permitan avanzar.
Porque la diferencia entre la queja y el liderazgo es muy sencilla: la primera describe los problemas; el segundo asume la responsabilidad de resolverlos.
México no necesita más espectadores ni más voces que administren el descontento. Necesita mujeres y hombres dispuestos a asumir su parte del pacto. Porque construir exige más que quejarse. Exige corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad es la única forma de convertir los problemas en soluciones y la incertidumbre en prosperidad.
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