Donald Trump despidió al nuevo fiscal federal de Seattle, Roger Rogoff, menos de una hora después de que los jueces federales del distrito lo nombraran de manera unánime, en un episodio que intensifica las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de Estados Unidos.
Rogoff, exjuez y veterano fiscal estatal y federal con más de 26 años de experiencia, prestó juramento como fiscal federal del Distrito Oeste de Washington antes de las 8:00 a.m. del miércoles en el tribunal federal del centro de Seattle. Minutos después, mientras esperaba en el vestíbulo de la Oficina del Fiscal Federal para reunirse con su predecesor, recibió un correo electrónico de la administración Trump informándole de su destitución.
Conflicto constitucional entre poderes
La controversia surge de un vacío legal que la administración Trump ha buscado explotar sistemáticamente. Los presidentes estadounidenses normalmente designan a los fiscales federales, pero estos nombramientos requieren confirmación del Senado. Cuando las designaciones temporales expiran sin confirmación, los jueces del distrito judicial pueden nombrar un fiscal.
Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos bajo Trump ha implementado maniobras de personal para mantener a fiscales no confirmados en sus puestos de manera indefinida, evitando el proceso de consulta con el Congreso. 
“Los jueces de tribunales de distrito pueden nombrar un fiscal federal temporal, y el presidente puede despedirlos. Los jueces que nombraron a Rogoff abandonaron el proceso tradicional de consulta con la administración para que el fiscal seleccionado esté calificado para servir en la administración”.
Así justificó la decisión Todd Blanche, fiscal general interino, a través de redes sociales.
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El caso de Charles Neil Floyd
Trump designó a Charles Neil Floyd, quien anteriormente sirvió como juez de inmigración, como fiscal federal interino en octubre pasado, pero nunca envió su nominación al Senado para confirmación. Cuando el período de 120 días de Floyd como interino expiró en febrero, la administración simplemente cambió su título a primer asistente del fiscal federal, dejando vacante el puesto principal.
Esta táctica ha sido replicada en otros distritos judiciales federales del país. En mayo, un panel del tribunal de apelaciones expresó escepticismo sobre la legalidad de esta maniobra, lo que llevó a los jueces federales de Seattle a abrir un proceso de solicitudes para el cargo.
El tribunal —compuesto por 17 jueces activos y senior nombrados por cinco presidentes diferentes— emitió una orden unánime el miércoles por la mañana designando a Rogoff como fiscal federal para el oeste de Washington.
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Reacción política y precedentes
La senadora demócrata Patty Murray, de Washington, quien se había opuesto a Floyd para el cargo, criticó duramente el despido inmediato de Rogoff:
“A lo largo de su carrera, ha demostrado un compromiso sobresaliente con el servicio público, y fue nombrado legalmente por los jueces federales del Distrito Oeste de Washington. Esta administración no quiere lidiar con el consejo y consentimiento del Senado; solo quieren instalar amigos para llevar a cabo una agenda política corrupta”.
El caso de Seattle no es un incidente aislado. La administración Trump ha enfrentado múltiples reveses judiciales en su intento de controlar los nombramientos de fiscales federales:
- En diciembre, Alina Habba renunció como fiscal federal de Nueva Jersey después de que un tribunal de apelaciones dictaminara que había servido ilegalmente en el cargo
- Lindsey Halligan, quien buscó acusaciones contra adversarios de Trump, dejó su puesto como fiscal federal interina en Virginia tras un fallo judicial que declaró ilegal su nombramiento
- Las acusaciones que Halligan presentó contra el exdirector del FBI James Comey fueron desestimadas por el tribunal
- La administración también despidió a un fiscal nombrado por el tribunal en el norte de Nueva York
Rogoff evalúa acciones legales
El fiscal destituido informó que está consultando con otros abogados sobre la posibilidad de presentar una demanda contra su despido. Rogoff cuenta con 20 años como fiscal estatal y seis años como fiscal federal antes de convertirse en juez estatal, un perfil que los 17 jueces federales del distrito consideraron idóneo para el cargo.
El conflicto plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes en Estados Unidos y la capacidad del Ejecutivo para desconocer nombramientos judiciales legítimos. Los tribunales de apelaciones han mostrado resistencia a las tácticas administrativas de Trump, aunque el presidente mantiene su postura de que tiene autoridad constitucional para destituir fiscales nombrados por jueces.
La situación en Seattle se suma a una creciente lista de enfrentamientos institucionales que podrían escalar a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se definiría el alcance del poder presidencial sobre los nombramientos en el sistema de justicia federal.
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