La bancada del PT en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para que los bloqueos de cuentas bancarias se realicen mediante orden de una autoridad judicial. La propuesta de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito fue impulsada por la diputada Lilia Aguilar Gil y se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Con esta iniciativa se reformarían los artículos 115 y 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. El objetivo es establecer mecanismos más claros para proteger el debido proceso de las personas cuyos recursos sean objeto de restricciones por presunta vinculación con actividades ilícitas.
TAMBIÉN LEE. Gobierno de Tlaxcala destina 59 MDP extra a Huactzinco y anuncia nuevo pozo de agua 
¿Qué propone la iniciativa del PT sobre bloqueos bancarios?
La reforma establece que los bloqueos de cuentas bancarias deberán realizarse cuando existan indicios objetivos de vinculación con operaciones de recursos de procedencia ilícita y delitos de delincuencia organizada. Sin embargo, la medida deberá contar con una orden fundada y motivada emitida por una autoridad judicial competente.
De acuerdo con la iniciativa, se consideran indicios objetivos para proceder con un bloqueo los siguientes elementos:
- Reportes de operaciones inusuales reiteradas o relevantes
- Inconsistencias entre los ingresos declarados y las operaciones financieras registradas
- Transferencias vinculadas con jurisdicciones de riesgo
- Vinculación de personas con listas nacionales o internacionales de restricción o sanción
TAMBIÉN LEE. Nuevo León fortalece su relación económica con Corea del Sur
La propuesta legislativa del PT busca, según se establece en el documento, “dotar al Estado mexicano de mecanismos preventivos y de reacción inmediata que permitan evitar la dispersión de recursos presuntamente ilícitos y frenar operaciones financieras vinculadas con actividades delictivas”.
Plazos y garantías para personas afectadas por bloqueos
Un aspecto central de la iniciativa es la inclusión de mecanismos de audiencia y garantías de debido proceso para las personas que resulten afectadas por el bloqueo de sus cuentas bancarias. La propuesta establece plazos específicos para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de defensa ante las autoridades correspondientes.
Las personas cuyas cuentas sean bloqueadas tendrán la posibilidad de solicitar una audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Para ello, contarán con un plazo no mayor de 10 días hábiles para presentar dicha solicitud, contados a partir del día siguiente a la notificación del bloqueo.
Una vez presentada la solicitud de audiencia, la Unidad de Inteligencia Financiera deberá atenderla en un plazo máximo de 30 días hábiles. Estos tiempos buscan garantizar que las personas afectadas tengan certeza jurídica sobre el proceso y puedan presentar los elementos que consideren pertinentes para su defensa.
Criterios para determinar operaciones sospechosas
La iniciativa establece criterios específicos que las autoridades deberán considerar como indicios objetivos para solicitar el bloqueo de una cuenta bancaria ante un juez. Estos criterios buscan dar mayor certeza tanto a las instituciones financieras como a los ciudadanos sobre las condiciones bajo las cuales puede proceder esta medida.
El primer criterio señalado son los reportes de operaciones inusuales que se presenten de manera reiterada o que resulten relevantes por su monto o características. El segundo criterio son las inconsistencias detectadas entre los ingresos que una persona tiene declarados ante las autoridades fiscales y las operaciones financieras que realiza en el sistema bancario.
Adicionalmente, se consideran indicios las transferencias que estén vinculadas con jurisdicciones catalogadas como de riesgo, así como la vinculación de los titulares de las cuentas con personas que aparezcan en listas nacionales o internacionales de restricción o sanción por actividades ilícitas.
Trámite legislativo de la propuesta
La iniciativa presentada por la diputada Lilia Aguilar Gil fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para su estudio y dictaminación. Este es el primer paso del proceso legislativo que deberá seguir la propuesta antes de que pueda ser discutida y votada en el pleno.
La reforma propone modificaciones puntuales a dos artículos de la Ley de Instituciones de Crédito: el artículo 115 y el artículo 116 Bis 2. Ambos artículos regulan aspectos relacionados con las facultades de las autoridades financieras y los procedimientos aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
