La reforma a la Ley Aduanera mexicana busca modernizar los procesos y garantizar mayor transparencia en las operaciones de comercio exterior. No obstante, especialistas advierten que podría aumentar los costos y la carga administrativa. Especialmente para pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan un elemento importante dentro de la economía nacional.
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Según la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga), la intención de la reforma es positiva, ya que promueve la claridad en el flujo de mercancías y la supervisión fiscal. Sin embargo, si no se aplican criterios uniformes y plazos razonables, la nueva normativa podría convertirse en un obstáculo para los negocios que dependen de la logística internacional. 
Riesgos de la reforma aduanera
Entre los puntos más críticos que identifica Amacarga se encuentra la responsabilidad compartida que la ley plantea para los agentes aduanales. Este cambio implicaría que los agentes asuman obligaciones sobre contribuciones y sanciones, lo que podría encarecer los trámites y alargar los tiempos de despacho.
Fuente: Aduanas de México
Además, la ampliación de requisitos podría generar demoras en los puntos de entrada y salida de mercancías, lo que impacta en la eficiencia y el precio final de los productos.
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Amacarga propone que la legislación contemple medidas diferenciadas para las pymes, incluyendo sanciones proporcionadas y procedimientos más ágiles. Asimismo, sugiere establecer criterios claros para la inspección de mercancías y mecanismos que eviten costos adicionales innecesarios por errores menores o retrasos mínimos.
El organismo subraya que la clave para que la reforma cumpla su propósito es lograr un equilibrio entre control, seguridad y operatividad. Una aplicación correcta puede fortalecer la recaudación fiscal y la supervisión de mercancías, pero sin generar cargas excesivas que afecten la competitividad de las empresas medianas y pequeñas.
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