La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión contra Zhenli Ye Gon, el empresario farmacéutico de origen chino vinculado al decomiso de 205 millones de dólares en efectivo en 2007, el mayor aseguramiento de divisas en la historia de México.
El juez federal impuso además una multa de 140 mil 400 pesos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, le negó sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de condena condicional, y ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles.
Casi dos décadas de proceso judicial
El caso contra el empresario farmacéutico se prolongó por casi 20 años desde el cateo a su residencia en Lomas de Chapultepec, donde agentes federales descubrieron 205 millones de dólares, 18 millones de pesos, cantidades en euros y centenarios, además de mercancía de lujo. El operativo de marzo de 2007 reveló uno de los esquemas de lavado de dinero más grandes documentados en el país.
Tras años de litigio y extradición desde Estados Unidos, el 14 de febrero de 2019 agentes de la Policía Federal Ministerial dieron cumplimiento a la orden de reclusión. Días después se dictó auto de formal prisión, iniciando el proceso que culminó con la sentencia del 30 de julio de 2026. 
Coordinación institucional en la investigación
La sentencia se logró con pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México y la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).
El fallo establece precedente relevante para casos de lavado de dinero vinculados al sector empresarial, particularmente en industrias reguladas como la farmacéutica, donde Zhenli Ye Gon operaba a través de su empresa Unimed Pharm Chem.
Implicaciones para el sector empresarial
El cierre del caso Zhenli Ye Gon subraya la importancia del compliance corporativo y los controles de prevención de lavado de dinero en empresas mexicanas. El decomiso de 2007 evidenció vulnerabilidades en la supervisión de operaciones con divisas y movimientos financieros atípicos en el sector farmacéutico.
Para las empresas que operan en industrias reguladas, el caso representa una referencia sobre las consecuencias legales de esquemas de lavado de activos y la capacidad del sistema judicial mexicano para procesar delitos financieros complejos, aunque con tiempos de resolución que se extienden por décadas.
La sentencia de 15 años de prisión, combinada con la negativa de beneficios de libertad anticipada, indica el criterio del Poder Judicial en casos de delincuencia organizada financiera de alto impacto.
