Un juez federal dictó prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otros siete imputados por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la dependencia, la audiencia inicial se prolongó por más de 24 horas y, tras la presentación de cerca de un centenar de datos de prueba por parte del Ministerio Público Federal, el juzgador determinó imponer distintas medidas cautelares a los acusados mientras continúa el proceso penal en su contra.
El caso se deriva de una investigación de alta complejidad desarrollada en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, relacionada con operaciones presuntamente irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
Imputados recluidos en el penal de máxima seguridad
La FGR informó que cinco de los ocho detenidos permanecerán en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México, considerado el penal de máxima seguridad del país: 
- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California
- Ricardo Thompson Navarro
- José Merino Valdés Cuervo
- Juan Hermilo Chávez Rodríguez
- Luis Antonio Barrientos Juárez
En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales enfrentarán el proceso desde sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén permanecerá interna en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.
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Esquema de contrabando con declaraciones falsas en aduanas
Según la investigación de la Fiscalía, el esquema presuntamente operado por la red delictiva consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras.
Entre las irregularidades detectadas, el Ministerio Público documentó que los implicados habrían reportado volúmenes menores de los realmente transportados o declaraban el producto como una mercancía distinta para evadir el pago de impuestos correspondientes.
La autoridad explicó que este tipo de prácticas genera una afectación económica directa para el Estado mexicano, al dejar de percibir ingresos fiscales por concepto de aranceles e impuestos especiales sobre hidrocarburos. Además, representa una fuente de financiamiento para organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilegal de combustibles.
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Defensas solicitan duplicidad del término constitucional
La FGR agregó que las defensas de los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional, un recurso legal que extiende el plazo para que el juez determine si los acusados son vinculados o no a proceso.
Esta medida permite a los abogados defensores contar con más tiempo para preparar su estrategia legal y revisar los elementos probatorios presentados por la Fiscalía. El juzgador deberá resolver posteriormente sobre la vinculación a proceso de cada uno de los imputados.
Presunción de inocencia y proceso judicial
La FGR recordó en su comunicado que todas las personas imputadas gozan de la presunción de inocencia, un derecho constitucional fundamental en el sistema penal acusatorio mexicano.
La responsabilidad de los imputados únicamente podrá determinarse mediante una sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente.
El caso de Ernesto Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995 como el primer mandatario estatal de oposición en la historia moderna de México, ha generado reacciones en el ámbito político nacional, aunque las autoridades han mantenido que la investigación se basa exclusivamente en evidencias relacionadas con el presunto contrabando de hidrocarburos.
Impacto económico del huachicol en México
El contrabando de combustibles, conocido coloquialmente como “huachicol”, representa uno de los principales retos para las finanzas públicas del país. De acuerdo con estimaciones oficiales, el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos ha generado pérdidas multimillonarias para Petróleos Mexicanos (Pemex) y las arcas federales.
Las investigaciones por delincuencia organizada relacionadas con combustibles forman parte de la estrategia del gobierno federal para combatir este fenómeno, que afecta tanto la recaudación fiscal como la seguridad energética nacional.
El proceso judicial contra Ruffo Appel y los demás imputados continuará su curso conforme a los plazos establecidos por la ley, con la audiencia de vinculación a proceso como el siguiente paso determinante en el caso.
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