Una Constitución puede reconocer decenas de derechos, pero su alcance se reduce si no establece quién debe garantizarlos, con qué recursos y bajo qué mecanismos pueden exigirse. Esa es la principal advertencia que recibió la iniciativa de nueva Constitución Política de Oaxaca, impulsada por el gobernador Salomón Jara Cruz, durante un foro de análisis en el Senado de la República.
La propuesta, presentada por el Gobierno estatal como una refundación intercultural y una actualización del pacto social oaxaqueño, fue sometida a cuestionamientos técnicos por académicos y especialistas de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Durante el encuentro “Innovación e interculturalidad en la nueva Constitución de Oaxaca”, convocado por el senador Antonino Morales Toledo, las observaciones se concentraron en un problema de fondo: el proyecto amplía el catálogo de derechos, pero deja interrogantes sobre su cumplimiento, financiamiento y exigibilidad.
El debate pone bajo la lupa la distancia entre el discurso de participación popular con el que se presentó la iniciativa y las garantías jurídicas que necesita para convertirse en una norma efectiva. No basta con incorporar conceptos como autonomía, reparación histórica e interculturalidad si las comunidades no cuentan con herramientas para hacerlos valer.
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Nueva Constitución de Oaxaca: muchos derechos, pocas garantías para exigirlos
Uno de los principales cuestionamientos fue la posibilidad de que la nueva Constitución termine convertida en un documento de principios y compromisos generales, sin instrumentos suficientes para obligar a las autoridades a cumplirlos.
Raúl Ávila Ortiz, exintegrante de la mesa redactora, resumió el riesgo al advertir que el texto no debe convertirse en “un conjunto de deseos que no se puedan cumplir”, pero tampoco en un reglamento saturado de especificaciones.
La observación es relevante porque la iniciativa del gobernador Salomón Jara plantea reducir la Constitución a 81 artículos y reorganizarla en siete títulos. El Gobierno estatal ha defendido que la transformación busca corregir contradicciones y actualizar un documento que acumula más de 800 reformas.
Sin embargo, la reducción del articulado no garantiza por sí misma una mejor Constitución. La discusión jurídica está en determinar si los derechos reconocidos tendrán procedimientos claros, autoridades responsables, leyes reglamentarias y recursos para hacerse efectivos.
El proyecto contempla, entre otros aspectos, derechos relacionados con vivienda culturalmente adecuada, salud intercultural, medicina tradicional, partería, alimentación pertinente y asistencia de intérpretes y peritos especializados en procesos judiciales.
El problema señalado por los especialistas es que no basta con enunciar estas obligaciones: también debe establecerse cómo se financiarán, qué instituciones deberán ejecutarlas y qué ocurrirá cuando las autoridades incumplan.
Juan Carlos Silva Adaya, visitador judicial del TEPJF, advirtió que, sin un presupuesto pluricultural y recursos mínimos garantizados, los derechos podrían quedarse en expresiones programáticas, sin traducirse en servicios y beneficios concretos para la población.
A ello se suma otro rezago institucional señalado durante el foro: Oaxaca no cuenta, desde 2011, con una ley de promoción y garantía de los derechos humanos, de acuerdo con lo expuesto por Ávila Ortiz.
Consulta indígena en Oaxaca: ¿Participación real o trámite para legitimar la reforma?
La consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas representa otro de los puntos más delicados de la iniciativa constitucional.
En una entidad con 418 municipios regidos por Sistemas Normativos Indígenas, la participación de las comunidades no puede reducirse a reuniones informativas o encuentros regionales. El cuestionamiento de los especialistas es si el proyecto establece con claridad cuándo debe obtenerse el consentimiento de los pueblos y qué consecuencias tendrá para las autoridades ignorar sus decisiones.
Jorge Reyes Negrete, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la BUAP, advirtió que la falta de obligatoriedad expresa puede convertir la consulta en un procedimiento administrativo sin consecuencias vinculantes.
En otras palabras, las comunidades podrían ser escuchadas, presentar propuestas y exponer sus necesidades, pero sin una garantía suficiente de que las autoridades deban incorporarlas o justificar públicamente por qué las rechazaron.
Por su parte, Armando Hernández Cruz, de la UNAM, propuso incorporar el llamado “deber de acomodo”, una herramienta para obligar a las instituciones a explicar qué planteamientos de los pueblos fueron integrados y cuáles quedaron fuera de la propuesta.
El propio senador Antonino Morales reconoció que el proceso debe respetar los tiempos de las comunidades, proporcionar información comprensible y garantizar espacios para deliberar. También señaló la necesidad de establecer una vía para que las observaciones lleguen a quienes revisarán el documento.
La discusión es especialmente importante porque el Gobierno de Oaxaca ha presentado la iniciativa como resultado de encuentros regionales y temáticos, con participación de miles de personas.
Las advertencias apuntan a un riesgo jurídico: si el procedimiento de consulta no satisface los requisitos aplicables, la reforma podría enfrentar impugnaciones ante los tribunales.
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Derechos del pueblo afromexicano: contradicciones en el proyecto de Jara
La iniciativa también recibió observaciones por la manera en que reconoce a las comunidades afromexicanas. Socorro Apreza Salgado, especialista de la UNAM, señaló una inconsistencia entre dos disposiciones del propio proyecto.
El artículo 18, numeral 2, reconoce de manera diferenciada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Sin embargo, el artículo 19, numeral 3, incluye a los afromexicanos dentro de la enumeración de pueblos indígenas de Oaxaca.
La diferencia no es menor. Una redacción ambigua puede generar problemas al momento de definir la titularidad de derechos colectivos, diseñar políticas públicas y asignar presupuestos específicos.
Aunque el documento reconoce a las comunidades afromexicanas como sujetos de derechos y contempla su autonomía, la observación de la jurista apunta a la necesidad de evitar que su identidad quede jurídicamente confundida con la de los pueblos indígenas.
Otro cuestionamiento se dirigió al concepto de reparación histórica. La iniciativa lo incorpora como uno de sus principios, pero los especialistas señalaron que hacen falta obligaciones concretas para materializarlo.
Entre los pendientes mencionados están la restitución de tierras y territorios, la apertura de archivos, el rescate de la memoria histórica y una representación política efectiva. Sin acciones verificables, la reparación corre el riesgo de permanecer como una declaración institucional.
Opacidad en la elaboración de la Constitución: propuestas descartadas sin explicación
La transparencia del proceso también quedó bajo cuestionamiento durante el foro en el Senado.
Raúl Ávila Ortiz relató que propuso incorporar un Parlamento Intercultural anual, pero la idea fue descartada durante las deliberaciones internas de la mesa redactora. El especialista resumió el episodio con dos expresiones: “Perdí la votación” y “en la propuesta final ya no apareció”.
El testimonio abrió otra interrogante sobre la construcción de la nueva Constitución: ¿cómo se seleccionaron las propuestas ciudadanas que llegaron al documento definitivo y cuáles fueron descartadas?
El Gobierno de Oaxaca ha informado que la iniciativa se elaboró a partir de encuentros en las ocho regiones del estado, con participación de miles de personas y la recopilación de propuestas. Sin embargo, para los críticos del proyecto, la participación no termina cuando se reciben opiniones: también exige transparencia sobre las decisiones posteriores.
La publicación de actas, criterios de selección y explicaciones sobre las propuestas excluidas permitiría conocer qué planteamientos fueron considerados y por qué otros no llegaron al texto constitucional.
Sin esa información, la narrativa de una Constitución construida desde las comunidades queda expuesta a cuestionamientos sobre la representatividad real de las decisiones finales.
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IA, discapacidad y libertad de expresión: los temas que quedaron rezagados
Los especialistas también identificaron asuntos que, desde su perspectiva, necesitan mayor desarrollo en la nueva Constitución de Oaxaca.
Protección digital y lenguas originarias
Se advirtió la falta de garantías suficientes frente al uso de inteligencia artificial y el extractivismo de datos, particularmente cuando están involucrados conocimientos tradicionales, patrimonio cultural y lenguas indígenas. También se señaló la ausencia de una estrategia clara para desarrollar infraestructura digital comunitaria.
Derechos de las personas con discapacidad.
Mario Alfredo Hernández Sánchez, de la UAM Azcapotzalco, alertó sobre la falta de garantías específicas contra la institucionalización forzada de personas con discapacidad psicosocial. También señaló vacíos relacionados con el reconocimiento de la Lengua de Señas Mexicana y los derechos de las personas jornaleras agrícolas.
Libertad de expresión y protección a periodistas
Otro de los señalamientos fue el tratamiento limitado de la protección al periodismo. De acuerdo con las observaciones presentadas, el proyecto incluye una referencia a periodistas en riesgo en el artículo 8, pero no desarrolla obligaciones específicas de prevención, investigación, sanción y reparación.
También se cuestionó la falta de referencias suficientes a las radios comunitarias e indígenas y de mecanismos para limitar la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial.
Estos temas muestran que la discusión constitucional no se limita a reconocer la diversidad cultural de Oaxaca. También implica definir cómo se protegerán los derechos frente a nuevas formas de exclusión, violencia y desigualdad.
¿Qué sigue para la nueva Constitución de Oaxaca?
La iniciativa promovida por Salomón Jara fue presentada ante el Congreso local en septiembre de 2026 como una reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. El documento plantea sustituir la estructura vigente, promulgada en 1922, por un texto de 81 artículos y siete títulos.
El Gobierno estatal ha defendido que el proyecto incorpora la interculturalidad como eje, reconoce derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos y busca actualizar el marco jurídico de la entidad. También ha señalado que la propuesta recoge el resultado de encuentros regionales y temáticos.
No obstante, las observaciones expuestas en el Senado colocan sobre la mesa asuntos que no pueden resolverse únicamente con una presentación política: consulta indígena efectiva, claridad normativa, presupuesto, leyes reglamentarias, transparencia y mecanismos de exigibilidad.
La pregunta central ya no es solamente cuántos derechos promete la nueva Constitución, sino qué herramientas tendrán las personas y comunidades para reclamarlos cuando las autoridades no los cumplan.
Antes de que el proyecto avance hacia su aprobación, las observaciones técnicas representan una oportunidad para corregir contradicciones y precisar obligaciones. De lo contrario, la promesa de una Constitución intercultural podría enfrentar dificultades para traducirse en cambios concretos para quienes, según sus propios objetivos, deberían ser el centro de la reforma.