Regular el acceso de menores a redes sociales sin aislarlos del entorno digital es el reto que enfrenta México y que ya llegó al Congreso de Nuevo León. La discusión nacional choca con derechos constitucionales, dilemas en las aulas y un vacío legal frente a las grandes tecnológicas.
El pasado 6 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió una consulta nacional para regular plataformas digitales, inteligencia artificial y el uso de celulares en escuelas. La mandataria pidió que la medida no se imponga desde el poder.
“Tiene que ser una decisión colectiva. Que haya conciencia de los impactos y los jóvenes no sientan una imposición”.
Como parte del proceso, la Secretaría de Educación Pública abrió foros regionales de consulta con docentes, rectores, familias y estudiantes. El calendario ya está definido: 19 de agosto en Nuevo León, 3 de septiembre en Chiapas y 17 de septiembre en Guerrero.
Congreso de NL analiza restricción a menores de 15 años
A nivel local, el Congreso de Nuevo León analiza restringir el acceso a redes sociales a adolescentes de 15 años. Sin embargo, aterrizar la medida enfrenta resistencias jurídicas y un choque de derechos fundamentales.
El obstáculo inicial es constitucional. Restringir el acceso a plataformas topa con el Artículo 6º, que garantiza el acceso a internet como derecho humano. Constitucionalistas advierten que una prohibición permitiría impugnaciones, por lo que el Ejecutivo federal optó por consultar antes que decretar.
En Nuevo León se cuenta con una Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que reconoce ese mismo acceso a las tecnologías. Restringir y garantizar deberán conciliarse en un mismo marco legal, un desafío que impacta directamente a empresas tecnológicas con operaciones en México.
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El dilema en las aulas: maestros entre dos fuegos
Muchos padres exigen frenar el acoso digital y, a la vez, se niegan a que la escuela retire el aparato. Lo quieren encendido para ubicar a sus hijos y comunicarse ante cualquier imprevisto. Los maestros, en medio, advirtieron a través de sus secciones sindicales que decomisar o custodiar teléfonos los expone a demandas de las familias.
En Monterrey, las madres Alexandra Fernández y Ana Sofía Guerra impulsan el movimiento “No es Momento“, que agrupa a padres de colegios como el Americano y el Himalaya. Su método son pactos por salón o grado para retrasar la entrega del primer teléfono con internet hasta los 14 años y el acceso a redes sociales hasta los 16.
El acuerdo comunitario ataca la raíz del problema: la presión entre pares. Cuando todo un grupo firma, desaparece el argumento de que “todos en el salón tienen celular”. El movimiento se apoya en las tesis del psicólogo Jonathan Haidt, autor de “La generación ansiosa“.
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Consumo digital precoz: las cifras que preocupan
El punto de partida en México es un consumo intensivo y precoz. Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el ingreso a las plataformas ocurre en promedio a los 8 años, y la conectividad entre adolescentes alcanza el 90%. Los usuarios mayores de 16 años navegan un promedio de 7.32 horas diarias, la mayoría dedicadas a redes y aplicaciones de mensajería.
Entre los niños, TikTok domina como la red más usada, seguida de YouTube y WhatsApp. A esto se suma la inteligencia artificial como uno de los ejes de la iniciativa federal. Ocho de cada diez estudiantes recurren a IA para tareas, y uno de cada diez la emplea como apoyo emocional, un uso que la regulación en discusión apenas empieza a considerar.
Un tercio de usuarios de internet en México son menores de edad, lo que representa un mercado significativo para las empresas tecnológicas que operan en el país.
El vacío frente a las grandes tecnológicas
La restricción cae sobre el usuario, pero no sobre la plataforma. México carece de una ley que obligue a TikTok, Meta o Google a verificar la edad real de sus usuarios o a desactivar algoritmos de recomendación para menores, a diferencia de la Unión Europea.
Francia ya prohibió las redes sociales a menores de 15 años, estableciendo un precedente que el debate mexicano observa con atención. El Gobierno de México busca construir acuerdos antes de legislar, reconociendo que cualquier medida unilateral enfrentaría impugnaciones judiciales.
Un estudio de la Universidad de Milán-Bicocca concluyó que abrir una cuenta en redes entre los 11 y 12 años provoca un rezago escolar de seis meses. La OCDE documentó impactos similares en adolescentes de países miembros.
¿Qué sigue para la regulación en México?
El Gobierno estatal de Nuevo León firmó en junio alianzas con UNICEF y ONU Mujeres para campañas contra violencia digital y familiar. Los foros regionales de la SEP buscarán hablar del uso de las tecnologías en la enseñanza y su impacto en la salud mental, incluyendo las opiniones de madres, padres, tutores, familias, directivos y maestros.
Con los resultados de estas consultas, el gobierno federal elaborará un dictamen que podría derivar en reformas legislativas. Para las empresas tecnológicas con operaciones en México, el desenlace definirá nuevas reglas del juego en un mercado de millones de usuarios menores de edad.
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