A dos años de la captura de Ismael ‘Mayo’ Zambada, el expediente sigue abierto y sin respuestas definitivas sobre la participación de autoridades mexicanas y estadounidenses en el operativo que sacó al capo del Cártel de Sinaloa del territorio nacional en julio de 2024.
El caso ha involucrado a presidentes, fiscales, secretarios de Seguridad y cancilleres de ambos países, configurando uno de los episodios más controversiales en la relación bilateral México-Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
Andrés Manuel López Obrador: la defensa de la soberanía
Cuando Ismael ‘Mayo’ Zambada fue trasladado y detenido en territorio estadounidense el 25 de julio de 2024, Andrés Manuel López Obrador encabezaba la Presidencia de México. Desde las primeras horas posteriores a la captura, el entonces mandatario sostuvo que su gobierno no había participado en el operativo.
López Obrador enfatizó que tampoco fue informado previamente por autoridades de Estados Unidos sobre los hechos. Conforme avanzaron los días, endureció su postura y comenzó a exigir información formal a Washington. 
Para el entonces presidente, el tema dejó de ser únicamente un asunto relacionado con el narcotráfico y se convirtió en un posible caso de vulneración a la soberanía nacional, al plantear que ninguna autoridad extranjera podía intervenir dentro del territorio mexicano sin autorización.
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Rosa Icela Rodríguez: de la SSPC a Gobernación
Como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez fue la primera funcionaria encargada de informar públicamente lo ocurrido. El 26 de julio de 2024, presentó una cronología basada en la información proporcionada por autoridades estadounidenses.
También dio a conocer el nombre de Larry Curtis Parker, quien supuestamente había pilotado la aeronave utilizada para trasladar a Zambada hacia Estados Unidos. Sin embargo, esa versión se derrumbó pocos días después, cuando la persona señalada negó públicamente haber participado en el vuelo.
Aquella contradicción se convirtió en una de las primeras inconsistencias que marcaron el caso. Dos años después, ya como titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela volvió a colocar el expediente en el centro del debate.
Alguien mintió.
Esta declaración surgió luego de que nuevas investigaciones periodísticas apuntaran a una posible participación del FBI durante el operativo de captura del capo sinaloense.
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Alejandro Gertz Manero y la investigación de la FGR
Desde el mismo 25 de julio de 2024, Alejandro Gertz Manero, entonces fiscal General de la República, quedó al frente de una de las investigaciones más delicadas para la FGR. La institución abrió diversas carpetas para determinar si durante el traslado de Zambada se cometieron delitos en territorio mexicano.
Entre los posibles ilícitos investigados se encuentran:
- Secuestro agravado
- Homicidio
- Uso indebido de aeropuertos e infraestructura aérea
- Posibles violaciones a la soberanía nacional
Conforme avanzó el caso, el entonces fiscal endureció el tono contra las autoridades estadounidenses, exigiendo cooperación para esclarecer las circunstancias exactas de la detención.
El papel de Estados Unidos en el operativo
Del lado estadounidense, el caso involucró a múltiples agencias federales, incluyendo el Departamento de Justicia, el FBI y la DEA. Las autoridades de ese país han mantenido hermetismo sobre los detalles operativos que permitieron la captura del cofundador del Cártel de Sinaloa.
La detención ocurrió en un contexto de tensión bilateral, con México cuestionando la legalidad del procedimiento y Estados Unidos defendiendo sus acciones como parte de la lucha contra el narcotráfico internacional.
El ‘Mayo’ Zambada, considerado uno de los narcotraficantes más buscados durante décadas, enfrentó cargos en cortes federales estadounidenses por tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos relacionados con su liderazgo en el Cártel de Sinaloa.
Implicaciones para la relación México-Estados Unidos
A dos años del operativo, el caso Mayo Zambada sigue representando un punto de fricción en la agenda de seguridad bilateral. Las preguntas sin respuesta sobre la coordinación entre agencias, la posible violación de protocolos diplomáticos y la participación de autoridades mexicanas continúan generando debate.
El Gobierno de México, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, ha mantenido la exigencia de transparencia hacia Washington, mientras las investigaciones de la FGR continúan su curso en territorio nacional.
El expediente del ‘Mayo’ Zambada se ha convertido en un referente sobre los límites de la cooperación en materia de seguridad y los desafíos que enfrentan ambas naciones para combatir al crimen organizado respetando los marcos legales y la soberanía de cada país.
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