La defensa de Juan Antonio Vera Carrizal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declinar la facultad de atracción de su caso. También pidió devolver el expediente al Tribunal Colegiado del Poder Judicial Federal con sede en Oaxaca, al argumentar que ya existe un fallo absolutorio que acredita su inocencia.
Édgar López García, abogado del político mexicano, informó que su representado enfrenta desde 2020 la causa penal 533/2019 por el delito de tentativa de feminicidio. Aseguró que el proceso está marcado por irregularidades, violaciones al debido proceso y presión mediática y política. Añadió que la denunciante solicitó una reparación del daño por 87 millones de pesos.
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“El señor Vera Carrizal se presentó voluntariamente ante la autoridad judicial al conocer de la orden de aprehensión, confiando en su inocencia”, señaló el abogado.
“Sin embargo, durante el proceso se le negó acceso oportuno a su expediente, se obstaculizó su derecho a una defensa adecuada y se generó una narrativa mediática que no corresponde a los hechos”, agregó.
Juan Vera Carrizal pide a la SCJN, que se deseche la petición de atracción de su caso
Tras más de cinco años de proceso penal, el 14 de agosto de 2024 el Tribunal de Enjuiciamiento de la Mixteca dictó un fallo absolutorio a favor de Vera Carrizal y ordenó su liberación inmediata. No obstante, según su abogado, horas después, una jueza sustituta dejó sin efecto la boleta de libertad, anuló lo actuado en juicio oral y ordenó la reposición del procedimiento, manteniendo la prisión preventiva.
López García calificó esta decisión como “una medida arbitraria y sin precedentes”, al considerar que se vulneraron principios fundamentales del sistema penal acusatorio, como la independencia judicial y la certeza jurídica.
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La defensa detalló que promovió diversos juicios de amparo, entre ellos el 961/2024, negado en primera instancia, por lo que se interpuso el recurso de revisión 55/2025 ante un Tribunal Colegiado. Explicó que este recurso estaba listo para resolverse cuando la Fiscalía General de la República solicitó que el caso fuera atraído por la SCJN.
“El traslado del asunto a la Suprema Corte, mediante un procedimiento acelerado, ha prolongado injustificadamente la privación de la libertad de nuestro representado, quien lleva más de seis años en prisión, a pesar de haber sido declarado inocente”, afirmó.
El litigante sostuvo que el caso no cumple con los requisitos constitucionales para ser atraído por el máximo tribunal, al no representar un asunto novedoso ni de relevancia excepcional, por lo que insistió en que debe resolverse en la instancia correspondiente en Oaxaca.
La defensa del empresario y político pidió a los ministros de la SCJN resolver el caso con apego a la Constitución. Esto luego que “validar las irregularidades denunciadas sentaría un precedente regresivo en materia de derechos humanos”.
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