Comprar una vivienda en México se ha convertido en un objetivo cada vez más distante para millones de familias, debido al encarecimiento sostenido del mercado inmobiliario y las restricciones crecientes en el acceso al financiamiento. Aunque el derecho a una vivienda digna está garantizado constitucionalmente, la realidad es que el techo propio se ha vuelto un lujo fuera del alcance para muchos.
De acuerdo con el más reciente Índice de Precios de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el país enfrenta una creciente disparidad regional en el precio de la vivienda. La Ciudad de México encabeza el ranking nacional con un costo promedio de 3 millones 866,210 pesos, cifra que representa un incremento del 5% respecto al primer trimestre de 2024. La capital no solo concentra la mayor actividad económica, sino también los precios más excluyentes del sector inmobiliario.
Brecha regional: Entre el norte pujante y el sur aún accesible
Le siguen Querétaro y Yucatán, con precios promedio de 2.6 y 2.4 millones de pesos, respectivamente. Ambas entidades han vivido un auge urbano notable, impulsado por la llegada de inversiones, polos industriales, turismo y servicios especializados. Esta dinámica ha provocado un aumento significativo en la plusvalía de las propiedades, lo cual beneficia a los inversionistas, pero eleva la barrera de entrada para compradores primerizos.
Por el contrario, Durango se posiciona como la entidad con el precio promedio más bajo, con viviendas valuadas en 1.06 millones de pesos. A pesar de esto, el acceso a crédito en zonas menos desarrolladas sigue siendo limitado, lo que neutraliza parcialmente la ventaja de los precios bajos.
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Entre el deseo y la deuda: El reto del financiamiento
Más allá del precio, uno de los principales obstáculos para acceder a una vivienda es el endurecimiento de las condiciones crediticias. Altas tasas de interés, requisitos más estrictos y salarios que no crecen al ritmo de la inflación inmobiliaria forman una combinación que margina a gran parte de la población del mercado formal de vivienda.
Los créditos hipotecarios se han vuelto más selectivos, priorizando perfiles con empleo formal, historial crediticio limpio y capacidad de ahorro. Esto deja fuera a amplios sectores de la economía informal, donde labora más del 50% de la población ocupada en México, según el INEGI.
Vivienda como refugio financiero, no como derecho social
Un fenómeno paralelo es la conversión de la vivienda en un activo especulativo, en lugar de un derecho social. En las principales ciudades del país, las propiedades se compran como inversión, lo que alimenta burbujas de precios. Fondos inmobiliarios, plataformas digitales de renta temporal y compradores extranjeros inciden también en la escasez de vivienda disponible para uso habitacional tradicional.
El resultado es una presión constante sobre los precios, especialmente en zonas urbanas de alta demanda, mientras que la oferta de vivienda social o accesible permanece estancada o desplazada a las periferias, donde hay carencias de servicios, infraestructura y movilidad.
¿Hacia dónde va el mercado?
Si bien las cifras de la SHF muestran crecimiento en el valor de las propiedades, este no necesariamente refleja una mejora en la calidad del parque habitacional. Muchas viviendas nuevas se construyen en zonas con problemas de conectividad, acceso al agua o transporte, lo que genera un nuevo tipo de desigualdad habitacional: el acceso a la vivienda existe, pero no siempre a una vivienda adecuada.
Además, los expertos alertan que, si las políticas públicas no enfrentan este panorama con estrategias integrales, México podría entrar en una crisis estructural de acceso a la vivienda, que afectaría especialmente a jóvenes, mujeres jefas de familia y trabajadores informales.
