PRYSE y Palmira reaparecen en concurso público pese a observaciones

Las empresas Grupo de Seguridad Privada PRYSE de México y Palmira Eventos, S.A.P.I. de C.V., señaladas como presuntas compañías fantasma que operan con domicilios fiscales en inmuebles arrendados, volvieron a figurar en procesos de contratación pública al registrarse en la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-04-K00-004K00001-N-34-2026.

Su participación ha encendido alertas entre comités evaluadores y órganos de fiscalización, debido al historial de observaciones administrativas que ambas firmas acumulan y a la aparente brecha entre el volumen de contratos que buscan obtener y su infraestructura operativa real. De acuerdo con los señalamientos, el uso de oficinas rentadas como sedes fiscales ha reforzado dudas sobre la solidez de su operación y los mecanismos de verificación aplicados en los procesos de contratación.

Grupo PRYSE y Palmira Eventos en medio de polémica

En el caso de Palmira Eventos, S.A.P.I. de C.V., diversos reportes periodísticos indican que se encuentra bajo revisión institucional por presuntas inconsistencias en su estructura operativa y legal. Auditorías físicas y documentales habrían detectado limitaciones en su capacidad material, lo que pondría en entredicho su perfil técnico para competir en licitaciones de gran escala.

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Por su parte, Grupo de Seguridad Privada PRYSE de México ha sido objeto de observaciones administrativas derivadas de contratos previos con dependencias federales, particularmente en el sector educativo. La empresa además enfrenta el antecedente de una disposición publicada en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se instruyó a instituciones públicas a abstenerse de celebrar contratos con ella tras una sanción emitida en 2025.

Pese a estos antecedentes, la presencia de ambas compañías en la licitación federal ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar los controles de elegibilidad y transparencia en los procesos de contratación pública, con el fin de garantizar el uso adecuado de los recursos del Estado y evitar posibles esquemas de simulación empresarial.

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