En México, la conversación pública insiste en vender calma cuando los datos gritan otra cosa. Nuestro país avanza hacia 2026 con un paquete económico ya aprobado y con un cúmulo de presiones que no admiten maquillaje. Factores internos y externos se cruzan en un momento incómodo: inflación que se niega a ceder, decisiones gubernamentales que trasladan costos a los hogares y una relación con Estados Unidos que vuelve a tensarse con amenazas comerciales directas. Negar esa realidad no la corrige, solo la encarece.
La inflación al consumidor volvió a tomar velocidad en noviembre y lo hizo por donde más duele. Los servicios registraron un alza de 4.49%, los productos agropecuarios subieron 0.90% y los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno marcaron 2.4%. El problema no es el promedio, sino el detalle. La electricidad subió y también lo hizo el transporte colectivo. No son cifras abstractas: son recibos, boletos, comidas y rentas.
La explicación no sorprende a nadie que haya puesto atención. Las tarifas eléctricas perdieron subsidios y el ajuste llegó completo al usuario. A esto se suma la persistente presión en productos agropecuarios, que no dan tregua de una quincena a la siguiente. El resultado es claro: el costo de vivir sube más rápido que los ingresos de millones de familias. 
Aquí aparece la contradicción política. Se repite que ciertos grupos eran prioridad, pero los hechos cuentan otra historia. Quitar subsidios en servicios básicos castiga de forma directa a los hogares de menores ingresos, a pequeños negocios y a quienes viven al día. No hay discurso que compense una factura de luz disparada o un transporte más caro. La inflación no es un tema técnico para especialistas; es una transferencia silenciosa desde los bolsillos ciudadanos hacia la ineficiencia y la falta de previsión.
Y en este contexto, como si el frente interno no bastara, el externo se complica. Donald Trump volvió a usar la amenaza comercial como herramienta política. Esta vez el pretexto es el Tratado de Aguas. Desde su red social Truth, acusó a México de incumplir la entrega y lanzó una advertencia: un arancel del 5% a los productos mexicanos si el agua no se transfiere de inmediato. Habló de una deuda superior a 986 millones de metros cúbicos y exigió 246 millones antes del 31 de diciembre.
Más allá de la precisión técnica, el mensaje es político y económico. Un arancel de ese tamaño tendría efectos inmediatos en exportaciones, precios y empleo. Además, abre un flanco delicado rumbo a la revisión del T-MEC en 2026. La señal es inquietante: Estados Unidos parece dispuesto a usar cualquier argumento para presionar, condicionar o encarecer la relación comercial. También coloca a Claudia Sheinbaum en una posición incómoda, al exhibir una gestión que no anticipó el conflicto ni construyó márgenes de maniobra para el futuro comercial y político con el principal socio del país.
Las conclusiones no admiten complacencia. México enfrenta, rumbo a 2026, una inflación sostenida por decisiones internas que trasladan costos a la población, una economía familiar presionada y una relación bilateral donde las amenazas arancelarias regresan sin pudor.
Con un paquete económico ya aprobado, el margen de corrección se reduce. El reto es doble: proteger a los ciudadanos de choques internos mal administrados y evitar que los conflictos externos se traduzcan en castigos comerciales. Lo demás son discursos. Y los discursos no pagan cuentas.
