En un movimiento polémico, el gobierno federal arrebató al Poder Judicial el control de sus millonarios fideicomisos, trasladando aproximadamente 11,000 millones de pesos a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Nacional Financiera (Nafin), encargada de custodiar estos recursos, notificó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que ya ejecutó la transferencia, en cumplimiento de “instrucciones superiores“.
Un golpe a la autonomía del Poder Judicial
La medida se da pese a suspensiones judiciales vigentes que prohibían mover estos fondos. Los fideicomisos, eliminados por la reforma judicial de 2023, estaban en disputa entre el gobierno y la Judicatura. Parte del dinero debía usarse para indemnizar a jueces que no participaran o perdieran en la elección judicial, un punto clave en la polémica.
La ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, propuso denunciar penalmente el hecho, pero la mayoría del CJF optó por pedir explicaciones a Nafin y Hacienda. Una reunión clave con el banco fracasó cuando su representante no se presentó.
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Dinero ya no está en manos del Poder Judicial
Los recursos provenían de cuatro fideicomisos:
- Pensiones para jueces retirados
- Mantenimiento de viviendas para magistrados
- Infraestructura judicial
- Apoyos médicos para empleados
Hasta enero, sumaban 10,267 millones, pero ahora están bajo control del Ejecutivo.
Antecedentes del conflicto
El gobierno de López Obrador acusó por años a los jueces de usar estos fondos para “privilegios“, prometiendo destinar el dinero a programas sociales. La Judicatura defendió su legalidad, advirtiendo que su desaparición afectaría a jubilados.
Aunque la reforma judicial permitió indemnizar a jueces con estos recursos, ahora el Poder Judicial deberá pedir el dinero al Congreso, en lo que promete ser una nueva batalla política.
¿Qué sigue?
El CJF analiza acciones legales, pero con el dinero ya transferido, la disputa entra en nueva fase. El gobierno gana esta batalla, pero la guerra por la autonomía judicial continúa.
