Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, se ha convertido en una pieza central para esclarecer el traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, un episodio que generó una crisis diplomática entre ambos países y que casi dos años después sigue generando interrogantes sobre la cooperación en materia de seguridad.
El Gobierno federal confirmó que el piloto fue entregado a autoridades estadounidenses en 2025, y fue hasta 2026 cuando la Fiscalía General de la República (FGR) logró identificarlo plenamente como el responsable de sacar al histórico capo sinaloense del territorio mexicano.
El traslado que desató la crisis diplomática
El 25 de julio de 2024 marcó el inicio de uno de los episodios más polémicos en la relación México-Estados Unidos. Ese día, Ismael El Mayo Zambada fue trasladado a territorio estadounidense en circunstancias que las autoridades mexicanas calificaron como irregulares.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Núñez Ojeda piloteó la aeronave que llevó al cofundador del Cártel de Sinaloa al otro lado de la frontera. Las autoridades lo identifican como un hombre de confianza de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y uno de los líderes de la facción conocida como Los Chapitos. 
La operación derivó en el traslado forzado del capo, considerado durante décadas uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, con más de 50 años de actividad criminal documentada.
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El testimonio que México no pudo obtener
Desde el segundo semestre de 2024, la FGR sostuvo que el testimonio del piloto resultaba crucial para esclarecer los hechos. El entonces fiscal Alejandro Gertz Manero reclamó públicamente que Estados Unidos no había permitido que Núñez Ojeda declarara ante las autoridades mexicanas.
En el avión no había nadie más que Joaquín, el piloto y yo.
Esta declaración, contenida en una carta difundida por el propio Mayo Zambada tras su captura, confirmó que únicamente tres personas viajaban en la aeronave, lo que elevó la relevancia del piloto como testigo clave.
Por su parte, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó que alguna agencia federal estadounidense hubiera intervenido en la operación y aseguró que el piloto no pertenecía al gobierno de ese país.
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Cómo identificaron al piloto
Uno de los principales retos para las autoridades mexicanas fue reconstruir la ruta del vuelo y determinar la identidad de los participantes en la operación. La FGR logró identificar a Mauro Alberto Núñez Ojeda mediante un análisis técnico de las comunicaciones sostenidas con la torre de control del aeropuerto de Ciudad Juárez.
Las grabaciones de audio permitieron:
- Vincular su voz con el vuelo del 25 de julio de 2024
- Avanzar en la integración de la carpeta de investigación
- Confirmar su participación directa en el traslado
Este hallazgo permitió poner nombre y rostro a una de las personas que participaron directamente en la operación, aunque para ese momento el piloto ya se encontraba fuera del alcance de la justicia mexicana.
Entrega a Estados Unidos y revelaciones tardías
Meses después del traslado de Zambada, Núñez Ojeda fue localizado y posteriormente entregado a las autoridades estadounidenses en 2025. Sin embargo, la FGR reveló que fue hasta 2026, un año después de su traslado, cuando logró identificarlo plenamente como el piloto del vuelo.
Las autoridades mexicanas señalan que el piloto actuaba como un operador cercano a la facción de Los Chapitos y que formaba parte de la estructura logística del Cártel de Sinaloa. Su rol iba más allá de simplemente pilotar la aeronave.
El caso ha reavivado el debate sobre los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad y la necesidad de que Estados Unidos comparta información con México sobre operaciones que involucran a ciudadanos mexicanos en territorio nacional.
Implicaciones para la relación bilateral
La cronología del caso El Jando evidencia las tensiones persistentes entre ambos países en el combate al narcotráfico. México ha insistido en que el traslado del Mayo Zambada se realizó sin coordinación con las autoridades nacionales, lo que constituiría una violación a la soberanía.
El caso sigue abierto y la FGR mantiene activa la investigación para determinar todas las responsabilidades en torno a la operación que permitió la salida del territorio mexicano de uno de los capos más longevos en la historia del narcotráfico.
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