El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en una situación crítica tras el recorte de 13,400 millones de pesos aprobado por el Congreso al presupuesto solicitado para el próximo año.
Este recorte, superior al 30%, pone en peligro la capacidad del INE para organizar la elección judicial de 2025. La reducción de recursos afectará la cantidad de casillas y personal para el proceso electoral, lo que generará una serie de complicaciones logísticas y operativas.
Tres escenarios posibles para enfrentar el recorte del INE
Ante esta crisis financiera, el INE ha visualizado tres posibles escenarios para intentar salvar la elección judicial:
- Solicitar una ampliación presupuestal urgente: La primera opción es pedir de manera inmediata a la Secretaría de Hacienda una extensión del presupuesto para poder cubrir los gastos necesarios para la organización de la elección judicial.
- Acudir a los tribunales: Si la solicitud de ampliación es rechazada, el INE podría presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando que se revierta el recorte y se le asignen los recursos solicitados.
- Operar con austeridad: En el escenario más crítico, el INE se ajustaría a los recursos disponibles, reduciendo la cantidad de casillas y personal, y trabajando con los fondos limitados que se le han otorgado para llevar a cabo la elección lo mejor posible.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, calificó el recorte como altamente preocupante. Sin embargo, destacó que el organismo no se dejará llevar por la frustración y continuará su trabajo con los recursos que le queden. Por su parte, la consejera Dania Ravel subrayó que esta situación pone al INE en una posición difícil, sin los recursos adecuados para organizar una elección de calidad.
La controversia sobre el presupuesto
Los consejeros del INE han expresado su desconcierto ante el recorte y argumentan que no se basa en un análisis técnico ni legal adecuado. De los 27,000 millones que finalmente se les asignaron, una gran parte se destinará a las prerrogativas de los partidos políticos y a los gastos operativos del instituto.
Solo una fracción se destinará a la organización de la elección judicial, que será mucho más compleja que otros procesos anteriores.
A pesar de las quejas del INE, el Congreso no ha mostrado interés en aprobar los recursos adicionales solicitados por el instituto. Los consejeros defienden la seriedad con la que se planearon los recursos solicitados y alertan sobre los riesgos de organizar una elección tan relevante sin los medios suficientes.
Consecuencias para la democracia
El consejero Arturo Castillo advirtió que un recorte de estas proporciones tendrá un impacto directo en la calidad de la elección, afectando así a la ciudadanía y la confianza en los resultados. Desde el INE, se ha señalado que no se debe comprometer la transparencia y confiabilidad de las elecciones, ya que esto pondría en peligro la estabilidad democrática del país.
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