La crisis migratoria en Estados Unidos ha entrado en una nueva fase de polarización política e internacional, tras las declaraciones de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior del gobierno de Donald Trump, quien responsabilizó directamente a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum por incitar protestas en Los Ángeles. La situación ya ha escalado al punto de justificar una respuesta militar sin precedentes en territorio estadounidense.
Durante una sesión con medios en la Oficina Oval, Noem lanzó duras críticas contra la mandataria mexicana, asegurando que sus declaraciones hacia la comunidad migrante residente en California incentivaron manifestaciones que terminaron en violencia.
“Claudia Sheinbaum alentó a que se lleven a cabo más protestas en Los Ángeles y la condeno por eso”, afirmó con firmeza.
Aunque la presidenta mexicana se ha referido públicamente al derecho a la protesta pacífica como una herramienta legítima de defensa de los derechos humanos, Noem la vinculó directamente con los disturbios registrados en días recientes.
“No vamos a tolerar que líderes extranjeros interfieran con nuestra seguridad interna”, remató la funcionaria.
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Impulso político y respaldo desde el gabinete
Kristi Noem, firme aliada del presidente y una figura clave del gabinete, respaldó las decisiones del mandatario, argumentando que el uso de todas las herramientas constitucionales es legítimo para restablecer la estabilidad. Enfatizó que “la activación de la Guardia Nacional bajo el Título 10 de Defensa es un paso necesario para asegurar la integridad nacional”.
Noem también elogió el liderazgo de Trump y aseguró que la administración no cederá ante la presión de movimientos que (según ella) “ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos estadounidenses”.
Protestas, violencia y respuesta federal
Las calles de Los Ángeles fueron escenario de múltiples enfrentamientos entre manifestantes, fuerzas del orden locales, agentes migratorios federales y la Guardia Nacional. Los disturbios estallaron tras redadas migratorias masivas y políticas de deportación acelerada implementadas por la administración Trump, generando indignación entre comunidades latinas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La violencia registrada llevó al presidente Trump a considerar el uso de la Ley de Insurrección de 1807, herramienta legal que le permitiría desplegar abiertamente a las fuerzas armadas para contener cualquier amenaza interna percibida.
“Si hay una insurrección, ciertamente la invocaré; lo de anoche fue terrible”, declaró Trump, visiblemente irritado.
Militarización sin precedentes en una ciudad estadounidense
La respuesta del gobierno federal es contundente. En menos de 72 horas, el presidente ordenó el despliegue escalonado de aproximadamente 5,000 efectivos en la ciudad:
- 2,100 soldados de la Guardia Nacional fueron desplegados inicialmente.
- 700 marines activos se sumaron el lunes como refuerzo directo desde Camp Pendleton.
- Una nueva oleada de 2,000 efectivos adicionales fue anunciada el martes, incrementando el grado de militarización.
Según el Pentágono, esta acción tiene como objetivo garantizar la seguridad de agentes federales y proteger infraestructura crítica ante lo que consideran “amenazas crecientes”.
La crisis en Los Ángeles ha dejado de ser una protesta local para convertirse en un punto de tensión internacional. Las acusaciones cruzadas entre Washington y la presidencia de México elevan la disputa más allá de lo político, generando un escenario inédito donde la diplomacia, la seguridad nacional y los derechos civiles colisionan en el centro del debate público.
Mientras tanto, la comunidad migrante sigue siendo el epicentro de una batalla ideológica y política que no parece tener un desenlace cercano.
