En México, no existe una obligación legal para que las empresas ajusten los salarios conforme a la inflación, salvo en casos donde los contratos colectivos lo estipulen. Este tema genera confusión, especialmente con los aumentos anuales al salario mínimo, que desde 2019 han registrado incrementos de dos dígitos.
Para 2025, el salario mínimo subió un 12%, fijándose en 278.80 pesos diarios a nivel nacional y 419.88 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). Sin embargo, este ajuste beneficia únicamente a quienes ganan el salario mínimo, dejando a otros trabajadores sujetos a la decisión de las empresas sobre aumentos salariales.
Revisión del salario mínimo: lo que establece la ley
La Ley Federal del Trabajo (LFT) regula los temas salariales y establece que el salario mínimo debe revisarse cada año para proteger el poder adquisitivo. Además, el artículo 86 de la LFT señala que los salarios deben ser proporcionales a las labores realizadas y equitativos.
En el caso de trabajadores con representación sindical, los contratos colectivos pueden incluir revisiones salariales obligatorias. Sin embargo, solo una minoría de empleados cuenta con este respaldo: de cada 100 trabajadores, solo 10 tienen representación sindical, según expertos en derecho laboral.
El impacto de la inflación en los salarios
Aunque no es un requisito legal, muchas empresas consideran la inflación al ajustar los sueldos como una práctica voluntaria para mejorar la satisfacción de sus empleados y retener talento. Según Pluxee, ajustar los salarios en función de la inflación ayuda a garantizar que los colaboradores mantengan su poder adquisitivo y se sientan valorados dentro de la organización.
El alcance del salario mínimo
Más de 8.5 millones de trabajadores en México, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se benefician directamente del aumento al salario mínimo en 2025. Este grupo representa una parte importante de la fuerza laboral que depende de estos ajustes para cubrir sus necesidades básicas.
La meta del gobierno es que el salario mínimo alcance el valor de 2.5 canastas básicas para 2030. Esto significaría que una familia promedio, compuesta por cuatro personas, podría cubrir sus gastos si ambos padres perciben este ingreso. Carlos Ferrán Martínez, experto en derecho laboral, señala que este enfoque busca garantizar una vida digna para los trabajadores y sus familias.
Si bien el incremento al salario mínimo es un avance, el reto radica en extender este beneficio al resto de los trabajadores. En un país donde los aumentos salariales siguen siendo discrecionales, la recuperación económica y la mejora de las condiciones laborales requieren un compromiso tanto del sector público como del privado.
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