Ignacio Alarcón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), fue declarado culpable de despojo. Por este delito penal que deriva de unos hechos ocurridos hace más de 10 años, enfrentará la prisión durante varios meses.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala declaró penalmente responsable al propietario de la cadena de restaurantes Mr. Pampas. De acuerdo con la investigación, se apropió ilegalmente de unos terrenos en 2015 en el municipio de Huamantla, Tlaxcala.
Presidente de la Canirac es culpable de despojo e irá a prisión
La autoridad judicial determinó que las investigaciones demostraron su responsabilidad penal, lo que perjudicó a Rafael N., legítimo propietario de los terrenos en cuestión. Los hechos se remontan a 2015, cuando Ignacio Alarcón N. se apoderó de manera indebida de las parcelas ubicadas en tlaxcala. 
Ante su culpabilidad penal por el delito de despojo, Ignacio Alarcón, presidente de la Canirac, enfrentará una pena de seis meses y 11 días de prisión. Además deberá hacer el pago de una multa equivalente a 14 días de salario mínimo vigente en el estado al momento de los hechos.
No obstante, y a pesar del aumento al salario mínimo en estos más de 10 años, la multa económica se medirá con base en el valor de 2015.
¿Quién es Ignacio Alarcón, presidente de la Canirac?
Fue a inicios de marzo de 2024 cuando asumió la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados para el periodo 2024-2025.
En su mensaje de aquel entonces, reconoció la entrega y compromiso de Germán González, presidente saliente. Recordó que durante su administración la industria enfrentó grandes desafíos, a los que se les hizo frente bajo su liderazgo, mostrando a la sociedad que el sector restaurantero es resiliente.
“Por eso, esta dirigencia que inicia, junto con la Comisión Ejecutiva Nacional y la Presidencia Ejecutiva, daremos continuidad al camino trazado”, agregó.
Hoy Ignacio Alarcón, presidente de la Canirac, fue declarado culpable de un delito penal y ahora tendrá que pasar seis meses y 11 días en prisión. Además deberá reparar integralmente a la víctima con la restitución de las parcelas o el pago del valor comercial actualizado, así como una indemnización por daño material o moral. También deberá hacerse cargo por los perjuicios ocasionados por la ocupación ilegal.
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