La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto relacionado con uno de los aumentos más polémicos del Paquete Económico. Se trata del impuesto a los videojuegos, aunque este vino con una anotación especial para 2026.
Tras la aprobación de las actualizaciones hacendarias fue que en redes sociales se generó polémica respecto al aumento que tendrían los juegos de video. Esto provocó movimientos, sobre todo previo a las marchas de la “Generación Z”. Sin embargo, con su publicación en el DOF, abre un nuevo capítulo en esta historia.
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¿El impuesto a los videojuegos se aplicará a partir de este 2026?
La publicación en el Diario Oficial de la Federación vino con un obsequito para toda la comunidad gamer. Y no solo plasmó lo que aprobaron los legisladores, sino realizó un añadido.
Otorgó un estímulo fiscal equivalente al 100% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a la venta y prestación de servicios de videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, no aptos para menores de 18 años.
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Es decir, que el impuesto a los videojuegos violentos no entró en vigor como tal a partir del 1 de enero de 2026, pues el estímulo servirá como una especie de parche al gravamen.
Según el documento, el beneficio fiscal está dirigido a dos tipos de contribuyentes:
- Enajenantes de videojuegos en formato físico con contenido violento, extremo o para adultos.
- Plataformas y prestadores de servicios digitales, tanto residentes en México como en el extranjero sin establecimiento en el país, que permitan el acceso o descarga de este tipo de videojuegos en territorio nacional.
¿Por qué se aplicó este estímulo?
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, publicó en el Diario Oficial de la Federación el estímulo fiscal del 100 por ciento al impuesto a los videojuegos violentos. Con esta medida, el nuevo gravamen aprobado en noviembre pasado quedará, en los hechos, sin impacto para consumidores y empresas del sector.
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El Gobierno federal busca evitar beneficios fiscales indebidos y asegurar que la medida no se traduzca en distorsiones de precios ni en ventajas económicas injustificadas para las empresas.
Ante ese escenario, el estímulo fiscal se plantea como una solución transitoria que evita conflictos administrativos y jurídicos. Además abre la puerta a una eventual revisión del marco regulatorio sobre contenidos digitales y videojuegos en el país.
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