La aviación internacional enfrenta un nuevo capítulo con la decisión del gobierno de Estados Unidos de ordenar a Delta Air Lines y Aeroméxico finalizar su empresa conjunta antes del 1 de enero. El acuerdo, que llevaba casi nueve años en operación, permitía a ambas compañías coordinar rutas, horarios, tarifas y capacidad para vuelos entre ambas naciones.
Ahora, las autoridades estadounidenses consideran que esa relación limitaba la competencia y favorecía de manera injusta a las dos aerolíneas.
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La medida surge tras una revisión iniciada en 2024 bajo la administración del presidente Joe Biden. El Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) concluyó que mantener la alianza dañaba el equilibrio en el mercado de vuelos internacionales, especialmente en la ruta Ciudad de México–Estados Unidos, una de las más activas de la región.
Impacto en la conectividad aérea y para las aerolíneas
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México concentra alrededor del 60% de los vuelos entre ambos países. Además, es “la cuarta puerta de entrada más grande a Estados Unidos desde el extranjero”. La decisión de disolver la empresa conjunta abre interrogantes sobre el impacto en los pasajeros y el turismo.

Fuente: Aeroméxico
Algunas de las consecuencias que puede tener esta decisión son tarifas más elevadas, menor disponibilidad de vuelos y limitaciones para las aerolíneas estadounidenses.
Delta manifestó su inconformidad con la resolución, argumentando que podría afectar empleos, comunidades y a los consumidores que viajan entre los dos países. Aeroméxico, por su parte, señaló que la medida no reconoce los beneficios que la cooperación trajo a la conectividad y al turismo bilateral. Ambas aerolíneas confirmaron que analizarán los siguientes pasos a seguir.
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Aunque el gobierno de Estados Unidos no exigió a Delta vender su participación del 20% en Aeroméxico, sí dejó claro que las condiciones actuales no justifican la continuidad de la alianza. No obstante, las autoridades dejaron abierta la posibilidad de reconsiderar la aprobación en el futuro, siempre que existan cambios en la estructura del mercado o en la regulación aplicable.
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