El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, amenazó este viernes a funcionarios electorales estatales con posibles penas de prisión si no cumplen con los métodos de la administración Trump para determinar si hay no ciudadanos en los padrones electorales.
Desde el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, junto a la Casa Blanca, Mullin anunció que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determinó de manera preliminar que existen más de 250,000 no ciudadanos registrados en las listas de votantes de al menos cuatro estados: California, Nueva Jersey, Nevada y Pensilvania.
Exigencias federales y bloqueo judicial
El funcionario exigió que los estados verifiquen sus padrones electorales a través de una base de datos federal administrada por el DHS. Aquellos que no cumplan con esta disposición perderían acceso a fondos federales, según advirtió Mullin.
Sin embargo, el uso de esta base de datos —diseñada históricamente para evaluar beneficios migratorios— ha sido bloqueado por un juez federal, quien determinó que su reutilización para este fin viola las regulaciones sobre divulgación de registros del Seguro Social. 
Expertos en derechos electorales han señalado que la base de datos presenta múltiples errores cuando se utiliza para evaluar padrones de votantes, ya que frecuentemente marca a ciudadanos recién naturalizados como votantes no ciudadanos.
“Necesitamos asegurarnos de que las personas legalmente habilitadas para votar estén votando. Si eres ilegal e intentaste votar, o trataste de votar ilegalmente por otra persona, te encontraremos y te acusaremos”.
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Estrategia electoral rumbo a elecciones intermedias
Las declaraciones de Mullin se producen mientras la administración Trump intensifica el uso de mecanismos gubernamentales para sembrar dudas sobre el sistema electoral estadounidense, de cara a las elecciones intermedias de noviembre.
El experto en derecho electoral Rick Hasen cuestionó la estrategia oficial:
“Si su gobierno tuviera evidencia real de votación de no ciudadanos, habría acusaciones formales. Trump ha presionado a los fiscales federales para presentar tales casos, y el hecho de que no lo haya hecho muestra que estas afirmaciones probablemente no tienen sustento”.
El presidente Donald Trump continúa insistiendo en que las elecciones de 2020 fueron “sucias” y “manipuladas”, a pesar de que miembros de su propio gabinete declararon públicamente que no hubo fraude electoral generalizado, y múltiples revisiones confirmaron esta conclusión.
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Acciones federales contra la infraestructura electoral
La administración Trump ha ejecutado diversas acciones contra la infraestructura electoral del país en los últimos meses:
- El FBI realizó una redada en enero en un centro electoral del condado de Fulton, Georgia, incautando boletas
- El Departamento de Justicia ha demandado a estados por datos de padrones electorales
- La División de Derechos Civiles envió cartas a funcionarios electorales de todo el país advirtiendo sobre sanciones penales por mantener a no ciudadanos en los padrones
- Trump despidió a docenas de funcionarios de la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA), que ayuda a proteger las elecciones
- Removió al liderazgo restante de la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos
Revisión de registros antes y después de comicios
Mullin prometió que funcionarios del DHS revisarán los registros electorales tanto antes como después de las elecciones intermedias, buscando votos inelegibles de no ciudadanos y de personas fallecidas.
Los padrones electorales estadounidenses están diseñados para el registro y no para la eliminación de votantes, lo que significa que siempre existen votantes fallecidos en las listas. Los funcionarios electorales realizan mantenimiento de estas listas para actualizarlas, pero el proceso requiere tiempo considerable.
El secretario advirtió que el registro ilegal de votantes y la votación ilegal conllevan penas que podrían incluir tiempo en prisión, aunque no especificó los años exactos de condena.
Contexto político y próximos pasos
Las elecciones intermedias de noviembre de 2026 definirán la composición del Congreso estadounidense, con todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado en disputa.
La administración Trump ha convertido la supuesta votación de no ciudadanos en un tema central de su agenda, a pesar de que estudios independientes han demostrado que este fenómeno es extremadamente raro y no ha afectado resultados electorales en el pasado.
Los gobernadores de los estados mencionados —California, Nueva Jersey, Nevada y Pensilvania— aún no han emitido respuestas oficiales a las amenazas del secretario Mullin.
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