En un fallo sin precedentes para el combate internacional a la corrupción, una corte civil del condado de Miami-Dade sentenció al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y a su esposa, Cristina Pereyra, a pagar 2 mil 488 millones de dólares al Estado mexicano, como reparación por su participación en un esquema millonario de contrataciones gubernamentales ilegales y desvío de fondos públicos.
La jueza Lisa Walsh, del Undécimo Circuito Judicial, emitió la sentencia luego de que ambos acusados no comparecieran ni respondieran formalmente a la demanda civil, presentada por el gobierno de México en 2021 a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El proceso se resolvió sin necesidad de juicio, en virtud de la incomparecencia de los demandados.
Una red de corrupción tejida desde el poder
La sentencia detalla que García Luna, quien fuera el rostro visible de la estrategia de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, encabezó una estructura para la adjudicación irregular de 30 contratos públicos a empresas vinculadas con la familia Weinberg, un grupo empresarial de origen israelí con vínculos estrechos con el exfuncionario.
Según las autoridades mexicanas, al menos 634 millones de dólares se extrajeron de las arcas públicas y los transfirieron a paraísos fiscales, para luego ocultarlos mediante la adquisición de bienes inmuebles y otros activos en el estado de Florida.
De esta cifra, la juez determinó que Genaro García Luna debe restituir 748 millones de dólares, mientras que Cristina Pereyra deberá cubrir mil 740 millones, al considerarse que jugó un rol clave en la transferencia y ocultamiento de los fondos.
Propiedades aseguradas y millones en juego
Como parte del procedimiento civil, la UIF logró asegurar 19 propiedades en Florida vinculadas a García Luna y su red. De estas, 12 las vendieron antes del inicio del litigio y otras 6 después. El gobierno mexicano sostiene que los activos se adquirieron con recursos desviados del erario entre 2012 y 2018, aunque los sobornos se habrían iniciado desde 2006, coincidiendo con el inicio de su gestión en el gobierno federal.
Los abogados de la UIF señalaron en la solicitud de sentencia que, al no responder a la demanda inicial, los acusados aceptaban implícitamente los cargos y la sanción solicitada.
La jueza había dado de plazo hasta el 28 de abril de 2025 para alcanzar un acuerdo entre las partes o iniciar el juicio. Sin embargo, al no haber voluntad de defensa ni comparecencia de los implicados (Pereyra se presentó brevemente con un abogado que más tarde se retiró), el tribunal procedió a dictar la condena en firme.
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Implicaciones legales y políticas
Esta sentencia se suma al proceso penal que García Luna enfrenta en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, corrupción y lavado de dinero. Aunque el fallo de la corte civil es independiente, refuerza la narrativa de que el exfuncionario operó una red sistemática de saqueo institucional.
Por su parte, el gobierno mexicano considera esta decisión como una victoria legal en su estrategia de recuperación de activos en el extranjero, como parte de un esfuerzo mayor para combatir la impunidad y repatriar fondos saqueados durante sexenios anteriores.
Además de su valor económico, el fallo sienta un precedente para otros procesos internacionales de recuperación de recursos y puede abrir la puerta a nuevas acciones legales contra cómplices o beneficiarios del esquema de corrupción.
¿Qué sigue?
Con esta sentencia, México puede iniciar procedimientos para ejecutar el fallo y buscar el reintegro de los activos, ya sea a través del decomiso de propiedades restantes o de otros bienes que puedan encontrarse en el extranjero. También podría implicar nuevos frentes legales para quienes hayan participado en el esquema o hayan facilitado la ocultación de recursos.
Mientras tanto, Genaro García Luna permanece detenido en Estados Unidos y a la espera de que se confirme su sentencia penal, tras haber sido declarado culpable en 2023 por conspiración y vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Cristina Pereyra, quien hasta ahora ha evitado enfrentar directamente a la justicia estadounidense, se convierte ahora en figura clave en la trama financiera detrás de uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha enfrentado México en el ámbito internacional.
