Cuánto le cuesta la inseguridad a una empresa

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Foto: Mundo Ejecutivo CDMX

El precio de una ruta de reparto incluye combustible, nómina y mantenimiento. La inseguridad le añade desvíos, medidas de protección y horas que ya no se pueden dedicar a entregar mercancía. En un negocio familiar, esas salidas de dinero pueden aplazar la compra de un refrigerador, la renovación de una unidad o la contratación de una persona.

El INEGI estimó que en 2025 la inseguridad y el delito costaron a las unidades económicas 115.1 mil millones de pesos. De ese total, 58.9 mil millones se destinaron a medidas preventivas. La extorsión fue el delito más frecuente contra las empresas, con 787 mil hechos estimados. El 91 % se efectuó por teléfono. Para la dirección de una empresa, el dato plantea una pregunta inmediata. ¿Qué puede hacer la persona que recibe una amenaza y a quién puede llamar si ocurre fuera del horario de oficina?

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La corresponsabilidad empieza por responder esa pregunta dentro de la empresa. Debemos acordar quién recibe un reporte, cómo se protege la identidad de la persona afectada y quién la acompaña si decide denunciar. Ante la corrupción, nuestra responsabilidad también es revisar los pagos vinculados a permisos, exigir comprobantes oficiales y supervisar las gestiones que hacemos por medio de terceros. A las autoridades les corresponde atender a las víctimas, investigar los delitos y publicar requisitos, costos y plazos de los trámites.

Hay una razón para poner a los negocios familiares en el centro. Los Censos Económicos 2024 muestran que las microempresas representaron el 95.4 % de las unidades económicas del sector privado y paraestatal en 2023 y dieron trabajo al 41.4 % de su personal ocupado. En una tienda que cubre la nómina con las ventas de la semana, un gasto imprevisto puede decidir si se abre un turno o si se pospone un empleo con seguridad social.

Por eso proponemos también un Acuerdo Nacional por el Empleo Formal. Planteamos explorar con estados y congresos locales una reducción inicial del 25 % en la carga efectiva del impuesto sobre nómina y evaluar si existen condiciones para avanzar hacia el 50 %. La prioridad serían las micro y pequeñas empresas y los empleos formales de menores ingresos. El alivio sería fiscal y preservaría salarios, aportaciones a la seguridad social y prestaciones. Su evaluación debe mostrar cuántos empleos se crearon o conservaron, cuánto duraron y cuál fue el costo fiscal.

Este viernes 20 de noviembre, la CONCANACO SERVYTUR, la CANACINTRA, la CANACAR y el G32, Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, firmaremos el compromiso ciudadano de la Revolución de las Conciencias contra la extorsión y la corrupción. El enlace será desde la Cineteca del CECUT, en Tijuana, con sedes de todo el país.

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En cada sede se establecerán mesas permanentes con representantes empresariales, autoridades y sociedad civil. Las cámaras acompañaremos a los negocios y documentaremos los problemas que se repiten en permisos y trámites. Cada mesa acordará quién atiende cada asunto y en qué plazo. Daremos seguimiento a negocios atendidos, denuncias canalizadas, trámites simplificados y alianzas activadas. A los 15 días revisaremos los avances y a los 30 presentaremos un informe público. Las mesas seguirán trabajando después de ese primer informe.

A quienes dirigen una empresa les propongo llegar a su mesa con una decisión tomada dentro del negocio y un problema que requiera respuesta de la autoridad. Puede ser un protocolo de atención a amenazas que ya conoce el personal y un trámite que sigue abierto a cobros indebidos. Esa es la corresponsabilidad que quiero ver después de la firma. Que cada parte pueda explicar qué hizo, qué resultado obtuvo y qué asunto sigue pendiente.

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