Este fin de semana termina el evento de futbol más importante del mundo, por eso muchos de los que movemos capital, conocemos de marketing y sabemos realizar un análisis político y económico, reconocemos que está llegando el momento de hacer un balance de los efectos menos visibles.
Cuando el espectáculo deja de ocupar el centro de la conversación, es posible medir qué produjo realmente en la economía, qué intereses consiguió movilizar, quiénes capitalizaron la atención pública y qué beneficios políticos dejó un acontecimiento cuya influencia rebasa los noventa minutos de cada partido.
México apareció en la conversación deportiva con tres sedes y trece partidos, el consumo subió durante semanas y se habla, según datos preliminares, de una derrama cercana a los 38 mil millones de pesos, muy por debajo de lo previsto, entre 65 y 200 mil millones.
El Mundial dejó, a simple vista, material útil para la promoción. Hubo marcas felices, campañas previsibles y la idea de que todos ganan con un Mundial. También hubo turismo, visibilidad y una temporada fértil para el discurso oficial. Todo eso cuenta, desde luego, pero dice poco cuando se confunde el impacto de unas cuantas semanas de atención global con una transformación de carácter estructural.
Mientras el torneo ocupó pantallas, los asuntos de fondo siguieron intactos. La violencia criminal permaneció y las desapariciones siguieron abiertas como herida pública. El espectáculo ofreció una pausa emocional a muchos mexicanos, pero al país no le concedió alivio alguno.
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Por eso resulta difícil aceptar que el uso político del torneo haya sido casual. Durante ese mes, el Gobierno federal contó con una cortina ideal para desplazar la atención de asuntos mucho más graves. El deporte de masas presta ese servicio con una eficacia notable, sobre todo cuando la conversación pública ya padece fatiga, dispersión y cinismo.
El Mundial concentró una cantidad extraordinaria de atención pública, y esa concentración también tiene efectos políticos. Mientras buena parte de la conversación giraba en torno al torneo, continuaron acumulándose decisiones, conflictos y señales cuyo alcance rebasa por mucho las cuatro semanas de competencia. Ese contraste nos hace entender hasta qué punto un acontecimiento de esta magnitud modifica las condiciones en las que se procesan los asuntos públicos y reduce el escrutinio sobre temas que comprometen el futuro inmediato del país.
Así ocurrió con el convenio económico más grande del país. México quedó sujeto a una revisión anual del T-MEC hasta 2036, lo que tendrá consecuencias sobre sectores tan delicados como el automotriz y el electrónico. Esa cuenta importa bastante más que la espuma publicitaria, porque ahí se juega una porción central de nuestra certidumbre económica.
¿Y qué decir de los escándalos que cada semana llenan titulares sobre los gobernadores de Morena? Ya cansa que continúen apareciendo noticias sobre los protegidos de la presidenta. Esta semana, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, estuvo otra vez en el centro del debate, al salir a la luz audios que muestran conversaciones suyas con quien se presume es un asesor externo del FBI. La posibilidad de que se formulen cargos en su contra o se active un proceso de extradición llevó a la funcionaria estatal a buscar una negociación con las autoridades.
Cuando desde Estados Unidos se retira una visa o se valoran cargos por razones de seguridad, el mensaje deja de pertenecer al folclor partidista y entra al terreno de la confianza bilateral. La pasividad mexicana, en esos casos, muestra debilidad; el respaldo federal a narcogobernadores o a figuras bajo sospecha desgasta a las relaciones. Se protege al personaje y se sacrifica al Estado.
El Mundial casi termina, la conversación se enfría y la derrama queda por debajo del relato que la infló. Lo que permanece merece más atención que la fiesta. México sigue frente a sus muertos, frente a sus desaparecidos, frente a sus dudas comerciales y frente a señales externas que otros toman en serio antes que nosotros. Cuando el espectáculo se apaga, la pregunta queda intacta. ¿Qué papel quiere asumir México cuando hasta su vecino actúa con mayor claridad sobre los riesgos que aquí se prefieren administrar en silencio?
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