Andrea Monserrat acusó que su proceso legal contra la activista María Elena Ríos Ortiz permanece detenido debido a un presunto respaldo político e institucional que, aseguró, ha impedido que el caso avance en tribunales.
La joven denunció que fue víctima de agresiones físicas y sexuales ocurridas el 19 de diciembre de 2024 en un hospital de Oaxaca y posteriormente en la vía pública. Según su testimonio, existen grabaciones de video que documentan parte de los hechos; sin embargo, afirmó que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca no han dado seguimiento efectivo al caso.
Andrea Monserrat sostuvo que durante la agresión participaron María Elena Ríos, una de sus hermanas y personal de seguridad. De acuerdo con la denuncia, la violencia escaló hasta que fue golpeada, despojada de parte de su ropa y víctima de abuso sexual, situación que le provocó lesiones graves. 
También señaló que en el lugar se encontraba la agente del Ministerio Público Luz Gabriela Pacheco Pacheco, quien presuntamente observó lo ocurrido sin intervenir ni brindarle ayuda.
La denunciante indicó que el proceso judicial incluye acusaciones por abuso sexual, tentativa de secuestro, lesiones y discriminación, pero aseguró que el expediente se encuentra paralizado por decisiones del juez Carlos Alan Rodríguez Alcalá. Según explicó, el juzgador ha solicitado diligencias y notificaciones en domicilios donde la activista no ha sido localizada, lo que ha retrasado el avance del caso.
Monserrat afirmó que la notoriedad pública de María Elena Ríos y su activismo han influido en el tratamiento institucional de la denuncia. Aseguró que mientras ella enfrenta dificultades para acceder a la justicia, la activista mantiene una imagen pública respaldada por sectores políticos y sociales.
Asimismo, criticó la actuación de instituciones gubernamentales encargadas de atender casos de violencia de género, entre ellas la Secretaría de las Mujeres. La joven señaló que durante la administración de Citlalli Hernández no se priorizó la investigación de los hechos denunciados.
Finalmente, Andrea Monserrat pidió a las autoridades revisar el caso con imparcialidad y sin influencias políticas o mediáticas. La denunciante sostuvo que ninguna figura pública debe contar con privilegios ante acusaciones de violencia y exigió que el proceso avance conforme a derecho.
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