EE.UU. sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado para narcotráfico

EE.UU. sanciona a bancos mexicanos por lavado EE.UU. sanciona a bancos mexicanos por lavado
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado para cárteles mexicanos. Hacienda investiga.

EE.UU. sanciona a CIBanco, Intercam y Vector en México por lavar dinero del narcotráfico. El Departamento del Tesoro estadounidense identificó a estas instituciones como facilitadoras financieras de cárteles como Sinaloa y CJNG. Las medidas buscan bloquear transacciones vinculadas al fentanilo, mientras autoridades mexicanas impusieron multas por 134 millones de pesos.

Acusaciones trasnacionales

El Departamento del Tesoro estadounidense detalló patrones operativos preocupantes. Vector habría lavado 2 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa entre 2013-2021, además de enviar pagos por más de 1 millón a empresas chinas proveedoras de precursores químicos. Intercam aparece en investigaciones por reuniones directas con presuntos miembros del CJNG en 2022 para diseñar esquemas de lavado, incluyendo transferencias desde China por 1.5 millones de dólares.

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Estas instituciones manejan colectivamente activos por 22,000 millones de dólares. Las sanciones prohíben transacciones específicas y exponen sus vínculos con redes criminales.

“Son piezas clave en la cadena de suministro que envenena a estadounidenses”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

EE.UU. sanciona: respuesta institucional en México

La CNBV inició revisiones administrativas que derivaron en multas acumuladas por 134 millones de pesos. Hacienda aclaró que hasta ahora no cuenta con evidencia contundente de actividades ilícitas, pero garantizó actuar con rigor si aparece. Vector rechazó categóricamente las acusaciones, destacando sus 50 años de operación regulada y ofreciendo colaboración plena con las investigaciones.

El caso expone tensiones en la supervisión financiera bilateral. Mientras EE.UU. actúa con base en inteligencia sobre flujos internacionales, México exige pruebas formales para proceder penalmente. Analistas anticipan que esto acelerará reformas en mecanismos de alerta temprana contra operaciones sospechosas.

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