La gestión de Abelina López Rodríguez al frente del Ayuntamiento de Acapulco se encuentra bajo un fuerte escrutinio luego de que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) interpusiera una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presunto ejercicio ilícito del servicio público y negativa a rendir cuentas sobre el uso de 898 millones de pesos provenientes del presupuesto federal 2023.
La ASE, órgano técnico auxiliar del Congreso local, señaló que la denuncia se basa en la omisión de la alcaldesa para justificar el destino de los fondos asignados a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el FORTAMUN, y participaciones de los Ramos 33 y 38, claves en el fortalecimiento de los municipios y el desarrollo de infraestructura básica.
Alcaldesa impugna facultades de la auditoría estatal
Tras notificarle sobre el inicio de la auditoría, López Rodríguez se negó a entregar la documentación requerida, argumentando que la fiscalización de recursos federales corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y no a su par estatal. Sin embargo, la ASE sostuvo que sí tiene facultades para revisar dichos fondos, con base en un convenio de colaboración vigente con la ASF que autoriza a los entes locales a revisar recursos federales cuando se les delegue esa tarea.
Frente a la denuncia, la edil decidió interponer un juicio de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito, que le concedió una suspensión provisional para que las autoridades ministeriales y judiciales se abstengan de ejercer acción penal en su contra sin antes realizar un juicio de procedencia o retirarle el fuero.
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“En Guerrero todo se puede”, responde Abelina
Este jueves, tras participar en un evento con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Abelina López fue abordada por la prensa y confirmó haber solicitado el amparo, aunque dijo no haber sido notificada aún de manera oficial sobre la denuncia. Con ironía, comentó: “En Guerrero todo se puede”.
López Rodríguez también insistió en que esta acción constituye una persecución política en su contra, que busca minar su imagen y frenar sus aspiraciones políticas futuras. “Esto tiene un trasfondo político. Me quieren desacreditar, pero tengo el respaldo del pueblo”, aseguró, descartando la posibilidad de solicitar licencia al cargo.
Reacciones oficiales: Entre la prudencia y la exigencia de rendición de cuentas
La gobernadora Evelyn Salgado negó que se trate de una persecución política orquestada desde el gobierno estatal. En su lugar, llamó a la alcaldesa a actuar con “madurez y responsabilidad” para aclarar el destino de los recursos señalados por la auditoría.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, al ser consultada al respecto, enfatizó que la fiscalización y la rendición de cuentas son obligaciones de todos los servidores públicos, sin emitir juicios sobre el caso particular de Acapulco.
El caso ha generado un debate jurídico y político sobre los alcances de la ASE para revisar recursos federales. Aunque Abelina López insiste en que la auditoría estatal no tiene jurisdicción sobre ese dinero, la existencia del convenio entre ASE y ASF podría respaldar legalmente la intervención local.
