Teuchitlán es una localidad ubicada en el estado de Jalisco, a aproximadamente una hora de la
capital de la entidad, lo que la convierte en una zona cercana al corazón de la actividad
económica de una de las principales ciudades de México.
No obstante, y a pesar de su cercanía a la urbe, la semana pasada el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco realizó una búsqueda en el Rancho Izaguirre, una finca que era utilizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación como campo de reclutamiento y exterminio.
La búsqueda dio como resultado el hallazgo de ropa apilada, zapatos y pertenencias personales, y restos humanos fotografiados y publicados en redes sociales. Dicho suceso fue replicado por diversos medios de comunicación, los cuales lo nombraron “el campo de exterminio de Teuchitlán”.
Este hecho estremeció a la opinión pública, generando críticas severas por la problemática de personas desaparecidas que afecta al país desde hace varios años, sino que también provocó que diversos sectores de la sociedad civil exigieran respuestas al Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Y el fin de semana a través de al menos 20 manifestaciones simultáneas en diversas regiones del país, la población pidió a la mandataria que tomara acciones frente a los más de 124 mil desaparecidos que se registran en el país y el esclarecimiento de lo sucedido en el rancho de Teuchitlán.
Ante los acontecimientos, durante su conferencia matutina del lunes 17 de marzo, la presidenta firmó un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, con el objetivo de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen las búsquedas con evidencias científicas. Además, informó que el próximo jueves enviará al Congreso de la Unión varias iniciativas, entre las que se incluyen:
- Una reforma a la Ley General de Población, para consolidar el Certificado Único de Registro de Población (CURP) como la fuente única de identidad de las personas.
- Reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que creará la Base Nacional Única de Información Forense y la Plataforma Nacional de Identificación Humana.
- Fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana.
- Incorporación en la Ley de nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata en todas las corporaciones y entidades del país, así como abrir de inmediato carpetas de investigación.
- Equiparación del delito de desaparición con el de secuestro, y homologación de penas y procedimientos de investigación en todas las fiscalías estatales y la fiscalía federal.
- Establecimiento de la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones en las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, la presidenta se comprometió a que el próximo miércoles la Fiscalía General de la República informará los avances en las investigaciones y las pruebas que tiene sobre el caso de Teuchitlán.
Estas acciones del Gobierno Federal brindan una ola de esperanza que se espera sirva de impermeable tanto para las actuales como futuras inversiones, nacionales como extranjeras. Esto es clave para cumplir con las metas de 277 mil millones de dólares en inversiones establecidas en el Plan México, y poder alcanzar un nivel de inversión superior al 25% del PIB para 2026, y más del 28% para 2030, además de generar 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura especializada y sectores estratégicos.
Se necesita que el gobierno como el sector privado trabajen en sinergia no solo en temas económicos y de inversión, sino también en cuestiones de seguridad y violencia, que afectan gravemente al país y dan una imagen negativa a nivel internacional mostrándolo como un lugar inseguro y poco confiable para las empresas.
Y es que según los últimos datos reportados por el INEGI en su Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2024, la inseguridad tuvo un costo de 124,300 millones de pesos en 2023, lo que representa aproximadamente el 0.5% del PIB. Por su parte, el Instituto para la Economía y la Paz, en su último reporte, indica que el impacto total es de 4.6 billones de pesos, equivalente al 18.3% del PIB.
A pesar de que ambas cifras son contrastantes, el sector económico no puede negar que los picos de violencia e inseguridad generan incertidumbre para todos los sectores e industrias, especialmente para el turismo y las MiPymes, ya que los daños por violencia son entre cuatro y seis veces mayores para las pequeñas y medianas empresas, puesto que cuentan con menos recursos para contrarrestar los efectos y esto ocasiona cierres y desempleo a nivel local.
Es por ello que, en su última visita en octubre, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) declararon que “la economía mexicana sí está pagando una factura por la inseguridad”, recomendando al Gobierno Federal fortalecer la gobernabilidad y abordar la corrupción. Además, subrayaron que las circunstancias asociadas a la inseguridad y violencia son inhibidores de inversión y desalientan el crecimiento económico.
A esto último se le suman las innumerables advertencias que emite la embajada norteamericana para notificar a su población el riesgo y peligro que es viajar a México. El turismo es uno de los principales agentes económicos y si este problema no se resuelve a la brevedad iniciativas como “Acapulco se Transforma Contigo”, jamás llegarán a buen puerto..
