Donald Trump definió a los cárteles de droga como “combatientes ilegales” y estableció que el país se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones. Según un memorando difundido ayer, el presidente argumenta que el flujo de drogas hacia Estados Unidos constituye una amenaza directa que justifica el uso de la fuerza militar.
Esta medida respalda operaciones pasadas y abre la puerta a futuras acciones más agresivas en contra del narcotráfico.
El documento instruye al Pentágono a ejecutar operaciones conforme al derecho de los conflictos armados. Su objetivo es defender a la población de los ataques continuos de estas organizaciones.
Trump señaló que el país llegó a un punto crítico en el que la fuerza resulta indispensable para proteger intereses nacionales y de terceros. De esta forma, destaca la disposición del gobierno a utilizar su autoridad presidencial para combatir el narcotráfico de manera más directa.

Operaciones recientes contra cárteles de droga en el Caribe
Durante el último mes, las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo tres ataques letales en el Caribe contra embarcaciones acusadas de transportar drogas. Al menos dos de estas naves provenían de Venezuela. Esto evidencia la expansión de las operaciones más allá de fronteras inmediatas.
Estos ataques se produjeron en medio de un aumento histórico de la presencia naval estadounidense en la región, la más significativa en años recientes.
Expertos advierten que esta estrategia podría marcar un cambio radical en la política antidrogas de Estados Unidos, pasando de una cooperación limitada y control fronterizo a una intervención militar directa. Al mismo tiempo, surge la duda sobre si el Congreso ejercerá control sobre estas operaciones o permitirá que el poder presidencial se extienda en materia de guerra.

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Posibles repercusiones regionales
La declaración de Trump plantea un reto legal y diplomático. Intervenir en embarcaciones de otros países, incluso señaladas por tráfico de drogas, podría generar tensiones con naciones vecinas y alterar la dinámica de cooperación internacional en materia de seguridad. Esta medida también podría sentar un precedente histórico sobre cómo Estados Unidos define y combate las amenazas transnacionales ligadas al narcotráfico.
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