El gobierno de México lanzó un registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil con el objetivo de reducir fraudes y prevenir delitos graves como extorsión y secuestro. La presidenta Claudia Sheinbaum crea la medida, que ya genera debate entre ciudadanos, especialistas en privacidad y partidos de oposición, quienes la bautizaron como la “Ley Espía”.
Cómo registrar una línea nueva
El piloto del registro comenzó el 1 de septiembre y continuará hasta octubre, bajo la coordinación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y las principales operadoras del país: Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán.
Para registrar una línea nueva, los usuarios deben: 
- Acudir a los centros de atención de su operadora.
- Presentar identificación oficial y CURP.
- Completar el registro antes de que la línea sea activada.
A partir de octubre, la inscripción será obligatoria para todas las líneas nuevas, sin importar el punto de venta. Las compañías ofrecerán opciones remotas, con la intención de simplificar el proceso y evitar largas filas.
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Registro de líneas de telefonía móvil activas y protección de datos
Quienes ya tengan un número activo también deberán registrarlo en un periodo que la ATDT definirá próximamente. La dependencia aseguró que los datos personales se mantendrán protegidos conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales y que el gobierno no tendrá acceso directo a esta información.
Esto garantiza que la información de los usuarios permanezca segura incluso durante auditorías o revisiones por autoridades de seguridad.
Controversia y marco legal
El registro forma parte de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en julio de 2025. Su finalidad es prevenir delitos graves y fortalecer la seguridad, pero no está exenta de críticas:
- Defensores de derechos digitales y legisladores de oposición consideran que la medida puede convertirse en un mecanismo de vigilancia masiva.
- La ley establece que se deben respetar los derechos humanos y la privacidad, pero algunos críticos cuestionan su aplicación práctica.
Mientras tanto, los usuarios enfrentan la necesidad de registrar sus líneas para evitar que sean desactivadas y garantizar que su información personal permanezca segura. La medida combina la prevención de delitos con la gestión de datos personales, generando un debate sobre hasta qué punto la seguridad puede convivir con la privacidad individual.
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