El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, una nueva legislación que redefine los límites entre la seguridad y la privacidad que tendrá el Gobierno de México.
Esta reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y ejecutada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, otorga amplios poderes al gobierno para acceder a datos personales sin necesidad de una orden judicial.
La votación final reflejó el apoyo mayoritario de Morena y sus aliados (PT y PVEM), con 368 votos a favor y 101 en contra. La oposición, encabezada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, votó en contra, advirtiendo sobre los riesgos de vigilancia indiscriminada.
¿Qué establece la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia?
La nueva legislación reglamenta el párrafo décimo tercero del artículo 21 de la Constitución Política, estableciendo un sistema nacional para centralizar, analizar y compartir información sensible y personal, tanto de instituciones públicas como privadas.
A través de la Plataforma Central de Inteligencia, operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y coordinada por la SSPC, el Gobierno de México tendrá acceso a:
- Datos bancarios: cuentas, transacciones y movimientos financieros.
- Registros telefónicos: llamadas, mensajes y datos de conexión.
- Datos biométricos: huellas digitales, reconocimiento facial, ADN.
- Información vehicular y de placas.
- Propiedad de bienes inmuebles y registros públicos de comercio.
- Datos fiscales y catastrales.
- Registros de armas de fuego.
- Padrones de personas detenidas y sentenciadas.
- Registros de servicios públicos y privados: telecomunicaciones, salud, finanzas, transporte y más.
La ley obliga a instituciones públicas y empresas privadas a colaborar con el sistema, proporcionando sus bases de datos para consulta y análisis.
¿Qué opinan los defensores de la ley?
Desde el gobierno y Morena, se insiste en que esta ley no constituye espionaje, sino una herramienta moderna de inteligencia para combatir la criminalidad. La diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad, declaró que no habrá vigilancia sin control judicial y que se respetarán las garantías constitucionales.
Omar García Harfuch también aseguró que la SSPC no tendrá acceso irrestricto a la información y que la recopilación de datos será guiada por el Ministerio Público. Según él, la intención es construir un “Estado inteligente” con capacidad de reacción y prevención ante delitos complejos como el crimen organizado.
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Críticas: ¿Una ley espía que vulnera la privacidad?
Los opositores han etiquetado esta reforma como la “ley espía”, alertando sobre los graves riesgos que conlleva el acceso sin orden judicial a datos tan sensibles. El Artículo 26 de la ley ha sido especialmente criticado por su ambigüedad, al permitir el acceso “en su caso, previo control judicial”, sin aclarar en qué circunstancias sería obligatorio dicho control.
Entre las principales preocupaciones destacan:
- Pérdida de privacidad de la ciudadanía en general.
- Posible uso político de la información contra críticos, opositores o líderes sociales.
- Intercambio de datos con gobiernos extranjeros sin supervisión clara.
- Falta de contrapesos judiciales para regular el uso de la inteligencia.
- Potencial instauración de un régimen de vigilancia masiva.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han advertido que esta ley podría ser el primer paso hacia un modelo autoritario, donde la seguridad se utilice como justificación para el control social.
¿Qué sigue tras su aprobación?
Aunque la ley ya fue aprobada en lo general y particular por la Cámara de Diputados, aún falta su paso por el Senado de la República para su ratificación final. En ese proceso, se espera que continúe el debate sobre los límites al poder del Estado, la transparencia, y el respeto a los derechos fundamentales y la protección de datos personales en México.
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia 2025 representa un parteaguas en el modelo de seguridad pública de México. Si bien sus impulsores argumentan que dotará al país de mecanismos más eficaces para enfrentar al crimen organizado, la falta de supervisión judicial y la amplitud de los datos involucrados generan alarma en amplios sectores sociales y políticos.
