El próximo domingo, México se convierte en un referente mundial al convertirse en el primer país que elegirá a todos sus jueces mediante voto popular. Esta inédita elección, resultado de una reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por su sucesora Claudia Sheinbaum, promete transformar radicalmente el sistema judicial mexicano, pero también genera inquietud y una profunda división en la opinión pública y entre expertos.
Un ejercicio sin precedentes
Con un total de 881 cargos federales y 1,800 puestos locales en juego, los mexicanos decidirán quiénes ocuparán posiciones clave dentro del Poder Judicial, incluyendo a los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). También están en disputa 17 magistraturas del Tribunal Electoral y cinco cargos en el nuevo Tribunal de Disciplina, órgano que supervisará la conducta judicial y aplicará sanciones cuando sea necesario.
Este proceso, que rompe con las prácticas tradicionales de designación de jueces, no incluye la participación de partidos políticos para apoyar o promover candidaturas, aunque muchos aspirantes se les indentifica por sus afinidades con el oficialismo o la oposición. Los candidatos tuvieron que financiar sus campañas de forma independiente, apostando en muchos casos a la difusión en redes sociales.
Requisitos y duración del cargo
Para participar, los aspirantes deben ser abogados con un promedio mínimo de ocho en su formación universitaria, contar con buena reputación y no tener antecedentes penales. Los elegidos ocuparán su cargo por un periodo de nueve años, con posibilidad de reelección.
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Una reforma con sello político y muchas dudas
El gobierno federal defiende esta medida como un paso necesario para sanear un poder judicial que, según sus palabras, ha estado plagado de corrupción, impunidad y parcialidad a favor de las élites. López Obrador y Sheinbaum han denunciado que la Suprema Corte y otros tribunales han bloqueado proyectos clave del exmandatario, evidenciando un poder judicial que opera al margen de la justicia y el interés popular.
Sin embargo, la oposición y miembros del Poder Judicial alertan sobre los riesgos que implica someter a los jueces al voto popular. Señalan que esta reforma puede facilitar que políticos y hasta criminales influyan y controlen el sistema judicial, erosionando la independencia de poderes y consolidando un gobierno autoritario bajo el dominio del partido Morena, que actualmente controla el Ejecutivo, el Legislativo y la mayoría de las gobernaciones.
El exmagistrado Carlos Soto advirtió que esta elección aleja a México de la democratización y lo acerca a un régimen de poder, mientras la asociación JUFED, que agrupa a jueces y magistrados, denunció que muchos candidatos los preseleccionan y apoyan por intereses partidistas o incluso el crimen organizado.
Riesgos para la justicia y la sociedad
El sistema judicial mexicano enfrenta graves problemas de impunidad: en 2023, solo el 16.2% de los casos de homicidio doloso llegaron a un juez, y apenas el 38% de las causas penales estatales fueron resueltas. En este contexto, organizaciones como Defensorxs y Equis han expresado su preocupación por la falta de transparencia y rigurosidad en la evaluación de candidatos, señalando que el proceso no consideró adecuadamente la capacidad, trayectoria ni integridad de quienes aspiran a ser jueces.
Además, advierten que el acceso a la justicia podría verse retrasado debido a la reestructuración del sistema judicial y la integración de nuevos órganos y magistrados, lo que podría paralizar temporalmente la impartición de justicia, con consecuencias negativas especialmente para mujeres víctimas de violencia y grupos vulnerables.
Aunque México será el primer país en elegir a todos sus jueces por voto popular, existen antecedentes similares en Bolivia, donde las altas cortes se designan mediante elecciones. Asimismo, algunos estados de Estados Unidos y Suiza eligen a jueces locales por voto directo.
Lo que está en juego es enorme: la legitimidad y autonomía del Poder Judicial, la lucha contra la impunidad, y el equilibrio de poderes en un país federado donde la justicia se percibe como un derecho aún lejano para muchos.
