El Congreso de México trabaja a contrarreloj para aprobar antes del 15 de diciembre de 2025 la nueva Ley General de Aguas, una de las reformas más polémicas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque la iniciativa busca garantizar el acceso equitativo y sustentable al recurso hídrico, ha desatado un conflicto nacional con las organizaciones agrícolas y ganaderas, que advierten graves consecuencias para el campo mexicano.
Campesinos y ganaderos amenazan con nuevos bloqueos carreteros
El anuncio de la iniciativa provocó una nueva ola de inconformidad entre los productores agrícolas, quienes ya habían protagonizado bloqueos carreteros en al menos 20 estados del país durante octubre, en medio de la disputa por el precio del maíz.
Ahora, las organizaciones campesinas advierten que, si Morena y sus aliados insisten en aprobar la reforma sin diálogo, realizarán cierres de carreteras, empresas y pasos fronterizos en todo México. 
“Es una ley regresiva que nos despoja de derechos ganados durante décadas. Sin concesión de agua, nuestras tierras pierden valor y nuestras familias estabilidad”, denunció Eraclio Rodríguez, exdiputado federal y líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo.
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El punto crítico: Las concesiones de agua regresarán al Estado
Uno de los cambios más polémicos de la nueva ley del agua en México es la prohibición de transferir concesiones entre particulares. Esto significa que, cuando un productor deje de usar su permiso, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) lo recuperará para reasignarlo, en lugar de permitir su compraventa o herencia.
Según el Gobierno de México, esta medida busca eliminar el mercado ilegal de concesiones que opera desde hace años, pero los campesinos aseguran que atenta contra la propiedad rural y el patrimonio familiar.
En palabras de Rodríguez, “sin permiso de agua, las tierras no valen nada; no se pueden vender ni heredar”.
Los “millonarios del agua”: Concentración y desigualdad hídrica
El debate también ha sacado a la luz un estudio titulado “Los millonarios del agua”, el cual revela que solo el 1.1% de los usuarios privados acapara el 22% del agua concesionada del país.
Son cerca de 3,300 grandes usuarios (entre corporativos industriales, cerveceras y mineras) los que reciben más de un millón de metros cúbicos anuales, equivalentes a miles de piscinas olímpicas.
Para los defensores de la reforma, como la investigadora Beatriz Olivera del colectivo Cambiémosla Ya, la medida es necesaria:
“Las concesiones se convirtieron en una mercancía. Es necesario devolver al Estado el control del agua como bien común”.
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La otra cara: Pequeños productores sin recursos para cumplir la ley
Sin embargo, el nuevo marco legal establece que los usuarios deberán contar con infraestructura sustentable (como sistemas de riego por goteo o canales revestidos) para mantener sus concesiones.
Esto preocupa especialmente a pequeños productores, quienes no tienen los recursos para adaptar sus sistemas, lo que los colocaría en desventaja frente a las grandes agroindustrias.
“Nos piden tecnología que cuesta millones, mientras las empresas extranjeras sí tienen ese dinero”, lamentó Horacio Gómez, presidente de la Asociación de Productores de Trigo de Baja California.
Negociaciones estancadas con el Gobierno federal
Representantes del campo sostuvieron reuniones con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura, pero sin acuerdos concretos. El Gobierno propuso incluir sus demandas en un artículo transitorio, lo que fue rechazado por considerarlo insuficiente y reversible.
Ahora, los líderes campesinos exigen un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum, para garantizar que sus demandas sean escuchadas de primera mano.
Mientras tanto, el Congreso mantiene el compromiso de aprobar la ley de aguas antes del cierre del periodo ordinario el 15 de diciembre. El Frente Nacional para el Rescate del Campo y otras organizaciones se reunieron en la Ciudad de México este fin de semana para definir un plan de acción que incluye una toma simbólica de la Secretaría de Agricultura, protestas frente a Palacio Nacional y la posibilidad de un paro nacional del sector agropecuario.
