El gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, como parte de la ofensiva de la administración de Donald Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos, según revelaron fuentes oficiales.
Aunque algunos casos se conocían públicamente, el informe detalla que las cancelaciones de visas son mucho más amplias de lo que se había informado hasta ahora, marcando un giro agresivo en el uso de herramientas diplomáticas para ejercer presión sobre México.
Políticos de Morena, entre los afectados
Una fuente cercana al oficialismo mexicano aseguró que más de 50 integrantes de Morena (partido de la presidenta Claudia Sheinbaum) habrían visto revocadas sus visas, además de decenas de funcionarios de otros partidos políticos.
Hasta el momento, solo cuatro personas han confirmado públicamente la pérdida de sus visas, entre ellas Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, quien ha negado categóricamente cualquier vínculo con el crimen organizado.

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Trump usa la revocación de visas como herramienta política
Exembajadores estadounidenses explicaron que administraciones anteriores ya habían recurrido a la revocación de visas, pero nunca con esta amplitud ni con objetivos tan explícitos.
“La administración Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México”, señaló Earl Anthony Wayne, embajador en México entre 2011 y 2015.
La medida, aunque discreta, ha causado conmoción en la élite política mexicana, ya que muchos de los afectados viajan con regularidad a Estados Unidos para actividades oficiales, académicas o personales.
Sin explicaciones y con base en inteligencia de la DEA
Estados Unidos no está obligado a dar razones para revocar una visa, y el umbral legal para hacerlo es mucho menor que el de sanciones o procesos judiciales.
Según fuentes consultadas, la política forma parte de la estrategia de seguridad de Trump, que incluye la designación de cárteles como organizaciones terroristas, lo que incrementa el peso de la información de inteligencia de la Administración de Control de Drogas (DEA) en las decisiones diplomáticas.
Cuatro fuentes mexicanas afirmaron que el gobierno estadounidense no ha dado explicaciones individuales a los afectados, lo que ha generado temor e incertidumbre entre funcionarios que temen ser los siguientes en la lista.
“El Quitavisas”: Trump amplía la medida a toda América Latina
La revocación masiva de visas no se limita a México. La administración Trump ha adoptado esta estrategia en otros países de América Latina contra adversarios políticos y figuras críticas:
- Colombia: Se retiró la visa al presidente Gustavo Petro tras un discurso pro Palestina.

- Brasil: Más de 20 jueces y funcionarios de alto rango perdieron sus visas.
- Costa Rica: Al menos 14 figuras públicas, incluido el expresidente Óscar Arias, vieron sus visas revocadas.

El exembajador Christopher Landau, pieza clave de la política exterior de Trump, se ha autodenominado “El Quitavisas”, reflejando la firmeza con la que la administración ha utilizado este mecanismo.
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Repercusiones para la relación México–Estados Unidos
Las revocaciones generalizadas de visas a políticos mexicanos, especialmente de Morena, pueden tensar aún más la relación bilateral, en un momento clave para las negociaciones comerciales y de seguridad entre ambos países.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una colaboración cercana con Washington en materia de seguridad, pero ha rechazado las insinuaciones de acciones militares unilaterales en México, calificándolas como una violación a la soberanía nacional.
Reacciones diplomáticas y posibles efectos a largo plazo
Expertos advierten que esta política podría tener efectos contraproducentes. John Feeley, exembajador de EE. UU. en Panamá, señaló que durante su gestión no recuerda que se cancelaran visas de políticos en masa, y alertó que esta estrategia podría debilitar la cooperación bilateral:
“Podría generar reacciones negativas, ya que la presidenta Sheinbaum considera que colaborar con Estados Unidos tiene un costo político demasiado alto”, apuntó Feeley.
Por su parte, Roberta Jacobson, embajadora en México entre 2016 y 2018, explicó que en su época solo se cancelaban visas por condenas o casos penales en curso, y que ahora no es posible saber si las personas afectadas están siendo investigadas o no.