El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que modifica la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. La votación fue de 345 a favor, 131 en contra y tres abstenciones.
La reforma se derivó de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En ella se incluyen cambios al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
¿En qué consiste la reforma a la Ley de Amparo?
El objetivo de la iniciativa es fortalecer el juicio de amparo como instrumento de defensa de los derechos humanos y medio de control constitucional. En los casos de “interés legítimo”, el promotor del recurso deberá acreditar una afectación jurídica real y diferenciada, y no solo hipotética. 
Además, las promociones podrán realizarse por escrito o de manera electrónica, sin que el uso de medios digitales sea obligatorio.
Entre otros cambios, la nueva Ley de Amparo que aprobó la Cámara de Diputados establece que todas las autoridades que participen en juicios de amparo deberán generar un usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
También se determinó que el órgano jurisdiccional podrá desechar recusaciones que pretendan entorpecer los procedimientos. Además que el fallo en los casos deberá dictarse en un plazo máximo de 60 días naturales.
El documento aprobado añade nuevas causales de improcedencia del amparo, en especial en temas fiscales, y limita la posibilidad de suspender actos o normas con efectos generales. También se exime a empresas públicas y organismos descentralizados de prestar las garantías que exige la ley.
¿Por qué ha sido controversial?
La reforma a la Ley de Amparo genera preocupaciones entre juristas, opositores y organizaciones civiles. Advierten que podría restringir el alcance del amparo como herramienta ciudadana frente a decisiones de las autoridades. Argumentan que las nuevas condiciones para acreditar el “interés legítimo” y las limitaciones a la suspensión de normas podrían dificultar la protección de derechos colectivos o ambientales.
Expertos en derecho constitucional señalan que el fortalecimiento del control judicial y la reducción de suspensiones podría concentrar más poder en el Ejecutivo y limitar la capacidad del Poder Judicial para frenar actos gubernamentales.
El gobierno federal sostiene que los cambios buscan modernizar el sistema de justicia y hacerlo más eficiente. Esto en concordancia con los principios de la Agenda 2030 y la digitalización del Estado mexicano.
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