La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este viernes 4 de julio la transferencia temporal del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam a instituciones de la banca de desarrollo. Se busca garantizar la continuidad operativa de los fideicomisos administrados por ambas entidades en la actualidad. Esto en cumplimiento de las disposiciones bajo supervisión de autoridades regulatorias.
Medida para garantizar continuidad y protección al usuario
La Secretaría de Hacienda explicó que esta acción consiste en la escisión temporal del negocio fiduciario. Permitirá que los fideicomisos operen sin interrupciones en beneficio de fideicomitentes, beneficiarios y terceros involucrados. También se anunció que durante esta etapa se mantendrán los controles regulatorios y operativos, con el acompañamiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y otras autoridades del sistema financiero.
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Fuentes del sector señalan que Nacional Financiera (Nafin) sería la institución encargada de administrar estos activos de forma provisional. Posteriormente, se contempla su transferencia a instituciones privadas que cumplan con condiciones de legalidad, certeza y continuidad para los usuarios.
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Transferencia definitiva a banca privada
La SHCP indicó que, también se diseñará un esquema que facilite la transmisión permanente del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam a entidades privadas. Este proceso se realizará de manera ordenada, transparente y bajo los lineamientos que aseguren la protección del sistema financiero nacional.
El objetivo es ofrecer certeza jurídica a todos los participantes, al mismo tiempo que se salvaguarda la estabilidad operativa de los fideicomisos afectados por esta decisión.
Antecedentes: investigación por lavado de dinero
La decisión de Hacienda se produce tras la intervención gerencial temporal de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por parte de la CNBV. Esta intervención responde a señalamientos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vinculan a estas instituciones con presuntas operaciones de lavado de dinero, tráfico de fentanilo y actividades relacionadas con el crimen organizado.
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