La aseguradora francesa AXA ha iniciado un proceso de arbitraje contra el gobierno de México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Esta acción surge tras la exigencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de aplicar un 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los pagos realizados por siniestros y la compra de seguros, algo que, según la empresa, nunca se había hecho en el país.
El arbitraje fue presentado el pasado 5 de diciembre. Representantes de la aseguradora alegan que la medida del SAT contraviene el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones entre México y Francia, vigente desde 1998, y consideran que esta imposición fiscal podría generar un impacto financiero severo, poniendo en riesgo tanto la operación de la empresa como la seguridad de sus clientes en México.
El reclamo de AXA y su alto impacto económico
De acuerdo con estimaciones, el IVA reclamado por el SAT en un periodo de cinco años podría superar los 200 mil millones de pesos. Para AXA, cumplir con esta obligación fiscal en los términos planteados podría significar su colapso financiero en el país, afectando a miles de clientes que dependen de sus servicios de seguro.
Hasta el momento, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha emitido alguna posición oficial sobre el conflicto. Sin embargo, desde la administración de Andrés Manuel López Obrador se estaba profundizando en el tema. Desde el mes de agosto explicó que el objetivo del gobierno era el de negociar con la aseguradora para evitar su quiebra, pero sin eximirla de sus responsabilidades fiscales.
Implicaciones para el sector asegurador
El SAT justifica su demanda argumentando que todas las empresas en México deben cumplir con el pago del IVA en sus operaciones, incluidas las aseguradoras. Este cambio en la interpretación fiscal, según algunos expertos, podría sentar un precedente significativo para el sector asegurador, incrementando los costos operativos y desincentivando futuras inversiones extranjeras.
Este conflicto entre AXA y el Gobierno de México pone en evidencia las tensiones que se pueden producir entre la política fiscal del país y las reglas internacionales de inversión.
Mientras la resolución del CIADI avanza, el caso muestra la importancia de un marco legal claro para garantizar la confianza de las empresas extranjeras en México.
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