Carlos Martín González, un joven mexicano con visa de turista vigente, fue detenido el 7 de julio en Florida luego de que las autoridades identificaran que el automóvil en el que viajaba no contaba con registro válido. Aunque la falta era administrativa, el caso escaló rápidamente al ámbito migratorio.
Después de su arresto, se activó una retención migratoria que lo llevó a una instalación federal conocida como “Alligator Alcatraz”, un centro de detención provisional construido en el Aeropuerto Dade-Collier, en medio de los pantanos de los Everglades. El complejo, habilitado con tiendas de campaña y remolques, forma parte de una estrategia estatal para alojar a migrantes en espera de su proceso de deportación.
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Sin número de caso, su situación legal permanece en pausa
Desde su traslado, Carlos se encuentra incomunicado: no ha podido contactar a su familia, a un abogado, ni al consulado mexicano en Orlando. De acuerdo con sus allegados, las autoridades migratorias no han generado un número de caso, lo que impide que su defensa legal inicie y que se active cualquier intervención consular. 
“La falta de expediente hace imposible cualquier acción. No se puede solicitar audiencia, ni pedir traslado, ni ofrecer pruebas”, explicó un familiar.
La familia ha insistido en que su ingreso fue legal y que no tiene antecedentes penales. Solicitan que se formalice su expediente para garantizar el debido proceso.
“Alligator Alcatraz” ha sido señalado por su ubicación remota, su infraestructura limitada y las condiciones de los detenidos. Funcionarios como el congresista Darren Soto denuncian irregularidades tras recorrer el sitio, incluyendo falta de alimentos suficientes y problemas con el acceso a servicios básicos.
El proyecto ha generado también críticas de organizaciones ambientalistas e indígenas, debido al impacto potencial en los humedales y en tierras consideradas sagradas por la tribu Miccosukee. Pese a estas reacciones, el gobernador Ron DeSantis defiende el centro como una respuesta temporal frente al aumento de detenciones migratorias.
Mientras tanto, Carlos Martín continúa en espera de que se active su expediente para poder ejercer su derecho a una defensa legal. Su caso llama la atención por las dificultades que enfrentan algunos migrantes con estatus legal cuando ingresan al sistema migratorio estadounidense.
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