Alex Tonatiuh Márquez, director general de Investigación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), ha llamado la atención por su lujosa colección de relojes valuada en 7.7 millones de pesos, adquiridos en efectivo. La investigación de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) reveló que, entre 2012 y 2017, el funcionario compró cinco piezas de alta gama, cuyos precios superan sus ingresos declarados. Este caso surge en medio de señalamientos de corrupción en las aduanas mexicanas y pone en duda la congruencia patrimonial de un alto mando encargado de combatir ilícitos fiscales.
La colección millonaria de un funcionario público
De acuerdo con MCCI, los relojes en posesión de Márquez Hernández incluyen modelos exclusivos, como un Vintage Rolex Oyster Perpetual Date Gold 34. La pieza más costosa, adquirida en 2017, tiene un valor actual superior a los 5 millones de pesos. Los detalles de su colección son los siguientes: 
- Reloj 1: 1.13 millones de pesos
- Reloj 2: 1.14 millones de pesos
- Reloj 3: 1.51 millones de pesos
- Reloj 4: 3.78 millones de pesos
- Reloj 5: 120 mil pesos
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Lo que más ha generado suspicacias es que estas compras se realizaron en efectivo, un método poco común para transacciones de tal magnitud. Además, en ese periodo, Márquez se desempeñaba como asesor legislativo y abogado en la Procuraduría del Trabajo de la CDMX, cargos cuyos ingresos no justifican tales gastos.
Trayectoria y señalamientos de corrupción
Alex Tonatiuh Márquez fue designado en 2023 como director general de Recaudación de la ANAM, bajo el mando de Rafael Marín Mollinedo, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Tras un breve alejamiento, ambos regresaron en 2025, ahora con Márquez al frente de Investigación Aduanera.
Sin embargo, su nombramiento no ha estado exento de polémica. En abril de 2025, el periódico El Imparcial mencionó que el Departamento de Justicia de EE. UU. habría identificado a funcionarios mexicanos vinculados con irregularidades en aduanas, entre ellos Márquez Hernández. Aunque no hay confirmación oficial, el reporte suma dudas sobre su gestión.
Este caso refleja un patrón de opacidad en el uso de recursos públicos y plantea interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización en las instituciones mexicanas.
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