La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una determinación y un aviso de propuesta de regulación en la que identifica a diez establecimientos de apuestas en México como una categoría de transacciones que representan una “preocupación principal de lavado de dinero”.
FinCEN advierte que estas casas de juego estarían siendo usadas para lavar dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa y propone medidas para cortar su acceso al sistema financiero estadounidense.
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¿Qué propone FinCEN exactamente?
FinCEN propone imponer una medida especial que prohíbe a las instituciones financieras cubrir (abrir o mantener) cuentas corresponsales para bancos extranjeros si tales cuentas se utilizan para procesar transacciones relacionadas con cualquiera de los casinos señalados. 
El objetivo de la medida es severar el canal que conecta a esos establecimientos con el sistema financiero de Estados Unidos y dificultar así el movimiento internacional de fondos ilícitos.
Casinos señalados (lista completa)
FinCEN incluye los siguientes diez establecimientos en su determinación:
- Emine Casino (San Luis Río Colorado, Sonora)
- Casino Mirage (Culiacán, Sinaloa)
- Midas Casino (Agua Prieta, Sonora)
- Midas Casino (Guamúchil, Sinaloa)
- Midas Casino (Los Mochis, Sinaloa)
- Midas Casino (Mazatlán, Sinaloa)
- Midas Casino (Rosarito, Baja California)
- Palermo Casino (Nogales, Sonora)
- Skampa Casino (Ensenada, Baja California)
- Skampa Casino (Villahermosa, Tabasco).
¿Por qué FinCEN los vincula al Cártel de Sinaloa?
Según la evaluación de FinCEN, esos establecimientos están controlados por un grupo criminal que mantiene una relación financiera y transaccional de larga data con el Cártel de Sinaloa y facilitan el blanqueo de dinero para la organización.
En su comunicado la directora de FinCEN, Andrea Gacki, subraya la coordinación con las autoridades mexicanas para proteger a las instituciones financieras de los efectos de estas operaciones.
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Sanciones, designaciones y acción coordinada
El gobierno de Estados Unidos ha ido aumentando las acciones contra estructuras financieras asociadas a los grandes cárteles: en 2025 se produjo la designación de varios cárteles como organizaciones terroristas/terroristas designados por el gobierno estadounidense, una medida que amplía las herramientas legales y financieras disponibles para sancionar a sus redes.
Esa estrategia se ha combinado con sanciones, designaciones de personas y empresas, y ahora con medidas específicas sobre flujos bancarios ligados a casinos.
Paralelamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó el 11 de noviembre el bloqueo de cuentas bancarias de 13 casinos por presuntas operaciones de lavado de dinero y anexas conductas financieras inusuales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la SHCP coordinaron las medidas que incluyen clasificaciones de “alto riesgo financiero” y la presentación de posibles denuncias penales.
¿Cómo operaban?
Por otro lado, de acuerdo con las autoridades mexicanas y declaraciones del titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la red empleó varias mecanismos clásicos de blanqueo:
- Ingreso de efectivo: comprar fichas o pagar servicios simulados para introducir efectivo de origen ilícito en el circuito del casino.
- Empresas fachada y movimientos en múltiples cuentas: depósitos y transferencias entre numerosas cuentas, incluso con desvíos internacionales (se han identificado flujos hacia países como Estados Unidos, Suiza y Rumania), para enmascarar el origen.
- Intermediarios de bajo perfil: uso de estudiantes o personas en situación vulnerable para simular operaciones legítimas.
- Retorno de fondos al beneficiario: re-inyección de recursos mediante cheques, pagos por supuestos servicios o compras que aparentan ingresos lícitos. Las autoridades mexicanas estimaron que la red pudo lavar decenas de millones de pesos con estas prácticas.
La acción de FinCEN se presentó como un notice of proposed rulemaking (NPRM) (es decir, una propuesta de normativa que entra en un proceso de comentarios públicos y revisión antes de volverse obligatoria). Durante ese periodo organismos financieros, empresas afectadas y gobiernos pueden presentar observaciones técnicas y legales. Mientras tanto, la coordinación bilateral entre Estados Unidos y México continuará siendo clave para las investigaciones y sanciones.
