La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, declaró el domingo que organizaciones criminales comenzaron a ofrecer recompensas por agentes federales que ejecutan labores migratorias (ICE). Noem aseguró que esa situación se intensificó tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Noem habló en una entrevista, señalando que la inteligencia del DHS indica que redes delictivas planean emboscadas para secuestrar o matar a agentes. Afirmó que se ofrecen hasta 2 000 dólares por secuestro y 10 000 por asesinato, con fotos de los oficiales circulando en redes de esas organizaciones criminales. Según su versión, las amenazas provienen de “pandillas, miembros de cárteles y organizaciones terroristas conocidas”. 
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Un salto en las agresiones
Durante su administración previa, Noem denunció que las agresiones a agentes del ICE aumentaron 830 %. Aunque no ofreció datos precisos sobre quiénes colocaron las recompensas, su discurso apunta a una intensificación del riesgo para quienes aplican las leyes migratorias. En esa línea, afirmó que algunos agentes cuentan con protección adicional ante el riesgo.
Durante el mandato de Trump, se intensificaron las redadas ICE y la presencia federal en ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago, donde se desplegó Guardia Nacional tras calificar la ciudad como “zona de guerra”. En una de esas operaciones, fueron arrestadas 37 personas, incluidos cuatro niños ciudadanos estadounidenses vinculados a padres indocumentados.
LEE TAMBIÉN: Segundo ataque de Donald Trump en el Caribe
Riesgos y controversia política
Las acusaciones de Noem llegaron mientras el DHS adelanta operaciones en varias ciudades, algunas de ellas con intenso rechazo local. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, ha criticado la táctica como excesiva y ha puesto en duda la estrategia federal. Mientras tanto, Noem la plantea como un enfrentamiento entre Estado de derecho y anarquía, acusando a demócratas de “encubrir” las agresiones.
La gravedad de las acusaciones obliga a pedir pruebas, ya que acusar a cárteles de otorgar recompensas a asesinos exige respaldo documental e investigación internacional. El DHS argumenta que ajusta operaciones para proteger agentes, pero no ha divulgado detalles públicos verificados sobre dichas recompensas.
Si las denuncias se confirman, implicarían una escalada dramática en el conflicto entre autoridades federales y redes criminógenas, con riesgos para la operatividad del ICE. El gobierno debe presentar evidencia clara, identificar a los grupos responsables y explicar cómo responderá en términos legales y estratégicos.
¡Consulta todo nuestro contenido y sigue a Mundo Ejecutivo CDMX en Google News!
